La hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) privó de la libertad mediante arraigos, sin pruebas de que fueran realmente culpables de un delito y sin someterlas a un juicio, a más de 12 mil personas entre los años 2004 y 2018. En la mayoría de los casos, en una instalación denominada Centro Federal de Investigaciones, en la colonia Doctores.
Por lo menos 1 de cada 10 de esas personas eran inocentes.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia, en los que se detalla cómo la mayor parte de arraigos se ordenaron en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.
Aunque también durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron arraigadas casi mil personas.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, en la segunda parte de 2016, el uso del arraigo cayó significativamente. Pero los expertos advierten que una reforma para eliminar dicha figura por completo se quedó congelada en 2018, y que hay iniciativas regresivas como la de ampliar la lista de delitos con prisión oficiosa. Lo anterior, señalan expertos, al igual que el arraigo busca parchar la incapacidad de las autoridades para investigar.
“El arraigo fue una aberración que correspondió a un sistema penal arbitrario y apabullante que no estaba diseñado realmente para investigar, sino solo para perseguir supuestos delitos. Las 12 mil personas que fueron sometidas a esta medida son, hoy, un saldo vergonzoso”, dijo el abogado penalista experto en derechos humanos, Juan López Villanueva.
La directora de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, dijo que tan solo en 2010 se ordenaron 1 mil 679 arraigos por crimen organizado, pero apenas hubo 148 condenas por ese tipo, lo que demuestra que no solo era un recurso que violaba derechos humanos, sino que además era ineficaz.
El 12% de las personas que fueron arraigadas en los últimos años quedaron en libertad inmediata.
Esto luego de arraigos que por ley debieron ser de 40 días, pero que en dos terceras partes de los casos superaron ese tiempo. A todo ellos se sumarían los que sí fueron procesados pero que, a la postre, también quedaron en libertad por falta de elementos.
Las cifras del abuso
Animal Político solicitó a la PGR (hoy Fiscalía General) conocer el total de personas que fueron sometidas a medidas de arraigo desde que se creó esta figura hasta la fecha.
La dependencia dijo que solo cuenta con registros oficiales desde 2004. Esto pese a que especialistas advierten que la Procuraduría comenzó a utilizar de forma indiscriminada este recurso desde la década de los 90.
Los datos proporcionados indican que de 2004 a 2018 la cifra total fue de 12 mil 71 personas mantenidas bajo arraigo, aunque las diferencias por año son notables.
Por ejemplo, en 2005 y 2006 la cifra anual de arraigados fue de poco más de 500 personas, pero para 2007 se elevó a 849. En 2008 se arraigó a 1 mil 210, en 2009 la cifra creció a 1 mil 772, y en 2010 a 1 mil 982 personas.
El pico se alcanzó en 2011 con una cifra récord de 2 mil 385 personas arraigadas, solo en ese año. Para 2012 hubo por primera vez en años un decremento de arraigos, aunque la cifra llegó a las 1 mil 641 personas.
Los titulares de la PGR en este periodo, donde los arraigos se multiplicaron fueron el hoy ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
En 2013, ya en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el arraigo continuó siendo utilizado aunque en menor medida. En ese año fueron 627 las personas sometidas a esa medida, para 2014 disminuyeron a 289, y en 2015 fueron solamente 84.
En 2016, ya con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio que ubicó al arraigo solo como una medida cautelar de un paquete de más de 10, y que tendría que usarse solo si se justificaba ante un juez, la cantidad de arraigados fue de apenas 25 personas. En 2017 fueron 14 y en 2018 fueron 21.
En síntesis, en el sexenio de Peña Nieto la PGR arraigó a 1 mil 60 personas.
Por regla el arraigo de una persona, de acuerdo con el ya abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, debía de ser por un máximo de 40 días, y solo en situaciones excepcionales podría ampliarse.
Pero los datos muestran que de las 12 mil 71 personas arraigadas solo 4 mil 756, que equivalen al 39%, permanecieron 40 días o menos. Los 7 mil 315 restantes, el 61% del total, estuvieron arraigados más de 40 días.
Entre los casos de arraigo más prolongados está el de 3 mil 990 personas que estuvieron privadas de su libertad 80 días; y el de 1 mil 660 personas que permanecieron bajo arraigo 90 días.
La información proporcionada vía transparencia por PGR arroja que al 73% de las más de 12 mil personas arraigadas se les aplicó esta medida por petición de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Es decir, fueron personas arraigadas bajo la supuesta sospecha de colaborar con la delincuencia organizada.
De ese total, el 12% fueron personas que tras concluir el periodo de arraigo quedaron en libertad, luego de que la PGR no encontró indicio alguno de que hubieran cometido un delito.
¿Confinamiento domiciliario o cárcel sin juicio?
El Código Federal de Procedimientos Penales definía al arraigo como un arraigo “domiciliario”, es decir, el confinamiento de la persona a su domicilio o casa. Pero la realidad era distinta.
El 100% de las personas que fueron sometidas al arraigo por sospechas de colaborar con crimen organizado fueron enviadas al Centro de Investigaciones Federales en la colonia Doctores, en
Ciudad de México.
Esto sucedía así aun cuando los “sospechosos” fueran detenidos en otros
estados del país.
Dicho centro es (porque continua habilitado aunque ya casi sin actividad) un edificio que antes se utilizó como un hotel, y que la PGR convirtió en una instalación de alta seguridad, con bardas perimetrales protegidas con alambres de púas y cuyos accesos a la calle llegaron a estar protegidos por sacos de arena, para formar barricadas.
La instalación contaba con equipos de alta seguridad (hasta para evitar el descenso de un helicóptero que intentara rescatar a alguien) y filtros protegidos con detectores de metales, cámaras de seguridad y agentes federales con armas largas. Los horarios de visita eran controlados y restringidos.
De las instalaciones interiores nunca se han dado características de forma pública pero se sabe que tenía capacidad hasta para 120 personas, cifra que se vio rebasada sobretodo entre 2009 y 2011, donde fueron encerradas ahí casi 5 mil personas.
Organismos de derechos humanos y especialistas en la materia calificaron a este sitio como una cárcel de facto para personas señaladas de cometer algún delito, pero sin que se les iniciara un juicio o proceso penal.
Pero no fue todo. Personas que permanecieron detenidas en dicha instalación acusaron actos de tortura. Fue el caso, por ejemplo, del abogado Gerardo Ortega Maya, detenido en mayo de 2012 por ser sospechoso de colaborar con el crimen organizado. Dicha persona, que cuatro años después fue exonerada, confesó que en el centro de arraigo padeció de maltratos físicos y sicológicos para que incriminara a otras personas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en varias ocasiones informes y recomendaciones, en los que advertía de abusos cometidos en agravio de personas sometidas a medidas de arraigo.
“Esta Institución Nacional reitera su postura respecto a la figura del arraigo en el sentido que es una práctica de alto costo y riesgo en materia de derechos humanos, que contraviene no sólo el prestigio sino el cumplimiento internacional al que el Estado mexicano está vinculado, por diversos
instrumentos internacionales, en tanto que esa figura contraviene el principio de la presunción de inocencia, pues es vulnerado a priori, en virtud de que el inculpado está sometido a una penalidad (calificada de “medida cautelar”) previa al inicio del proceso jurídico”, dijo la CNDH al emitir la recomendación 33/2017 en agravio de migrantes que fueron torturados mientas permanecieron bajo arraigo.
Herencia vergonzosa y ¿riesgo de repetición?
El abogado especializado en el manejo de casos que vulneran derechos humanos, Juan López Villanueva, calificó al arraigo como una “aberración jurídica” y una “herencia vergonzosa” propia de un sistema penal que por muchas décadas privilegió el encarcelamiento de las personas antes que la investigación.
“Como no sabíamos investigar pues se inventó el arraigo. Se sospechaba que eras tú el culpable de un delito pero sin pruebas. Era totalmente violatorio del principio de presunción de inocencia y del debido proceso”, dijo.
Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, dijo que en el año 2010, en el apogeo del uso del arraigo, el número de personas bajo esa medida por crimen organizado era 10 veces mayor que el de sentenciados por este delito, lo que evidenciaba el fracaso en esta figura en la investigación.
“La medida se autorizaba bajo la lógica de que arrestar a la gente por periodos largos y sin necesidad de acusación formal permitiría investigar mejor, y ser más eficientes en las condenas. Pero la realidad demostró que no, que únicamente fue un régimen de excepción donde no aplican las garantías procesales más básicas, y eso no tiene impacto en el número de crímenes ni en la impartición de justicia”, dijo.
Gabriel Regino, abogado penalista y exsecretario de Seguridad Pública, calificó al arraigo como una “condena anticipada” y, por ende, como un “absoluto exceso del poder punitivo”. Añadió que nunca hubo indemnizaciones para las personas que, a la postre, se demostró que no eran culpables de algún delito.
Regino agregó que el arraigo dejó de aplicarse como tal a partir de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, aunque se mantiene como una medida cautelar que un juez de control puede aplicar.
La abogada Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, advirtió que en 2018 la Cámara de Diputados había aprobado una reforma para eliminar de facto la figura del arraigo en el nuevo sistema pero la misma “se quedó congelada”.
Los expertos consultados, con excepción de Villanueva, consideraron además que existe un paralelismo entre el uso excesivo que se le dio al arraigo en los últimos años, con la reforma que ahora se pretende impulsar para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Dicho paralelismo es que son medidas que encubren una deficiente capacidad de investigar.
“Lo que muestra la legalización y utilización de medidas inquisitivas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa es que nuestras autoridades de procuración de justicia no saben investigar, y necesitan tener a la persona detenida para hacerlo, el testimonio de la persona se vuelve la única fuente de investigación. Las estadísticas lo dicen, estas medidas o han sido positivas dado el nivel de impunidad que vive México. Se han utilizado para combatir al crimen organizado sin ningún éxito”, dijo Delgadillo.
Lisa Sánchez calificó al arraigo, las detenciones en flagrancia y la prisión oficiosa como “recursos que atrofian las capacidades de investigación”. Y Gabriel Regino dijo que la prisión oficiosa “es una añoranza a la facilidad con que antes se detenía a alguien sin investigar”.
