El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado la posibilidad de que haya en México una consulta en la que los ciudadanos digan si están a favor de que se enjuicie a exmandatarios que hayan incurrido en corrupción u otros delitos. Este jueves se conoció que un grupo de 15 senadores de Morena ya tiene lista una petición para que ocurra este procedimiento.
Analistas políticos y dirigentes de oposición, han cuestionado este propósito. El líder nacional del PAN, Marko Cortés, mencionó esta semana que la consulta es innecesaria, que si el presidente López Obrador tiene pruebas contra exmandatarios como Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entonces haga una denuncia. “Que no haga política, que haga justicia, que dé resultados, la ley no se consulta, la ley se aplica”.
A pesar de estas críticas, el presidente López Obrador no descartó que incluso fuera él el que iniciara el procedimiento de consulta, como le faculta la Ley Federal de Consulta Popular publicada en 2014.
En su artículo 12, señala que quienes podrán solicitar una consulta de este tipo, para que la ciudadanía se exprese sobre un tema de “trascendencia nacional”, son: el jefe del Ejecutivo; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso;, o los ciudadanos, recolectando firmas que equivalgan a por lo menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en este momento integrada por 90 millones 36 mil ciudadanos.
En el caso del Senado, el 33% serían 43 legisladores.Faltaría que se sumaran 27 en la petición presentada por legisladores como Martí Batres, Jesusa Rodríguez, Citlalli Hernández, Nestora Salgado y Napoléon Gómez Urrutia, para que pueda continuar el procedimiento.
La misma Ley refiere los tiempos límite para presentar la petición de consulta, por las tres vías mencionadas, del uno al 15 de septiembre, en este caso, de cara a las elecciones federales del 2021.
Sea cual sea la vía, en todos los casos ya sea el Congreso, el presidente o los ciudadanos tendrán que someter su petición de consulta, incluyendo la pregunta que se hará a la gente, a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine su constitucionalidad.
Si es la vía legislativa, el procedimiento es así: la petición de consulta se turna al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, se turna a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan.
Después, “el dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido… aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales”.
Si la Corte se pronuncia por la constitucionalidad, como explicó el presidente, entonces entra el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacerse cargo del ejercicio de la consulta, de difundirla y organizar el proceso para que la gente diga Sí o No, además de contar los votos y dar a conocer los resultados.
Sobre esto último, en el artículo 64 se establece que los resultados serán vinculatorios, para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, “así como para las autoridades competentes”, cuando se registre una participación total de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. “Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez”, se refiere en la Ley.
Según dijo el presidente López Obrador en la mañanera del 24 de agosto, la consulta, de agotarse todos los procedimientos mencionados, podría realizarse el 6 de junio (día en que se celebran las próximas elecciones) o el 1 de agosto de 2021.
El mandatario federal habló de este tema luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su intento de que le otorguen el criterio de oportunidad, denunciara que los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presuntamente participaron en casos de corrupción y sobornos, como los de la constructora Odebrecht.
