El presidente municipal Xicoténcatl González Uresti cumplió con la presentación de la declaración 3de3 y como servidor público puede decidir libremente si hace público o no ese documento porque así lo permite la ley, opinó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Luis Alberto González Cruz.
“La obligación está cumplida y ya es decisión completamente personal de él y de todos los funcionarios públicos obligados, además, es válido en la medida que la ley lo permite es válida esa decisión si la hace pública parcial o totalmente pero es una situación que cada uno valorará”.
El representante de los constructores organizados de Victoria agregó que es válido que el alcalde, o cualquier funcionario obligado a presentar su 3de3, mantenga en secrecía sus declaraciones, siempre y cuando hayan cumplido con presentarla ante las autoridades correspondientes tal como ya lo hizo el alcalde Xico.
“Efectivamente cada quien tiene derecho a salvaguardar su patrimonio de la manera que lo considere conveniente y que en esa medida cada quien como ciudadano es libre de hacerlo porque la ley lo permite, si fuera obligación hacerla pública también estoy seguro que lo harían pero la ley lo permite, da esa opción de publicarla o no la declaración y cada quien está en su derecho”.
Para la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco) Victoria, el alcalde Xico ha cumplido con lo que establece la ley al presentar ante las autoridades hacendarias la declaración 3de3; también admitió que los funcionarios públicos de primer nivel pueden tener razones válidas para no hacer pública su declaración patrimonial, pero se trata de una decisión personal que se tiene que respetar porque así lo indica la misma ley.
“Yo creo que lo cumplan con la ley 3de3 conforme la ley lo diga o exija; quisiéramos que la ley lo exigiera que fuera pública mas si los alcances de la ley llegan hasta ahí tenemos que respetar la ley; yo creo que los funcionarios de cualquier nivel a final de cuentas son seres humanos y pueden tener temor ante tema personal o hacia su persona”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, también llamada Ley 3de3, es una iniciativa ciudadana que fue aprobada por el Senado en el 2016 como una medida para combatir la corrupción y privilegiar la transparencia entre los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2017 que no es inconstitucional que los servidores públicos no publiquen su información patrimonial, fiscal y de intereses.
