Decomisar los bienes a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción está en mente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y busca hacer realidad.
Para ello, comenta Reforma, propondrá en el Senado modificar el artículo 22 de la Constitución y establecer que el Estado pueda proceder a la extinción de dominio si se cometen delitos por hechos de corrupción.
En el proyecto que se presenta este martes se agrega que también se sancionaría en los casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.
No solamente se quitarán los bienes a quienes hayan cometido el delito sino también a sus prestanombres o testaferros, se solicitará.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso el mencionado rotativo también se busca que se separe el procedimiento penal que sigue contra el acusado y el procedimiento de extinción de dominio.
Es decir que se pretende que el Estado pueda recuperar los bienes al margen de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción.
«La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano, de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos provenientes de hechos ilícitos en materia de corrupción», indica la iniciativa.
Actualmente, señala en su nota Claudia Guerrero, sólo procede la extinción de dominio por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
