Olga Sánchez Cordero, propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene claro que lograr la justicia y seguridad en el país depende de diferentes aspectos. Desde la creación de comisiones de la verdad sobre casos específicos y regionales en siete entidades del país, hasta que los salarios de los jueces y magistrados se mantengan como hasta ahora.
En entrevista con Animal Político, advierte que no sería recomendable hacer una reforma constitucional para disminuir los ingresos del Poder Judicial como sí aplicaría a la administración Pública Federal porque “un juzgador es un actor fundamental en la paz social del país”.
Olga Sánchez Cordero será la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. Aunque no será la primera vez en que asuma un cargo habitualmente reservado para hombres. Fue la primera mujer notaria en el Distrito Federal y la primer magistrada del Tribunal Superior de Justicia local. También la única mujer en la Corte cuando ingresó en 1995.
Un ministro, por ejemplo, gana 260 mil pesos mensuales, más prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y seguro por riesgo suma más de 4 millones de pesos al año, según el presupuesto de egresos.
Mientras que los defensores públicos ganan 80 mil pesos mensuales. “¿Es mucho? ¿para quién? Para llevar juicios bien, donde no haya corrupción donde no les estén pidiendo a sus defendidos para las copias, para la torta, no les piden porque ellos cuidan sus puestos. Se capacitan, quién dice que es mucho o poco. Lo dice el mercado de profesiones”, explica la futura encargada de la política interior en el país.
Por eso es que para hacer funcionar este aparato se necesita, además de las garantías en los salarios, un porcentaje de Presupuesto de Egresos fijo en los estados para el Poder Judicial e inamovilidad en sus cargos para no estar sujetos “al contentillo” del gobernador o el Legislativo, dice Sánchez Cordero, quien conoce bien el sistema luego de 15 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por eso es que el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sólo sugiere a los magistrados bajar sus salarios, pero no está puesta sobre la mesa la propuesta de reformar la Constitución ni para el Poder Judicial ni para órganos autónomos como el Banco de México. Estas posiciones, insiste, requieren a personal altamente calificado que requieren esos salarios o de lo contrario, migrarían a la iniciativa privada donde ganarían mucho más.
La primera mujer en Segob con la tarea de pacificar al país
Olga Sánchez Cordero tendrá en su primer círculo a Zoé Robledo, como subsecretario de Gobierno, Tatiana Clouthier, al frente de la subsecretaría de Democracia Participativa y Alejandro Encinas será subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Aunque la exministra también obtuvo una senaduría por la vía plurinominal, pero sólo rendirá protesta y su suplente, la actriz Jesusa Rodríguez ocupará la curul en septiembre. La abogada continuará en la transición y luego se integrará al gabinete de López Obrador a partir del 1 de diciembre.
Como primera encomienda, su equipo deberá establecer la estrategia para lograr “la paz y seguridad de cada familia”, un concepto que sustituye al de “pacificación del país”, porque éste último, dice, “parece tan abstracto, tan etéreo, tan poco aterrizado”. Reconoce que el efecto no se verá pronto, pero la meta es lograr que “las familias puedan salir a la calle, con sus hijos, que sepan que van a regresar del trabajo, de su escuela”.
Y es que la “guerra contra el narco” lanzada en el sexenio de Felipe Calderón y la permanencia de las fuerzas armadas haciendo labores policiales también en la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado como saldo miles de víctimas en el país y una violencia a la alza.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hay 32 mil desaparecidos en México, mientras que 2018 es ya el año más violento del que se tenga registro con 15 mil 973 personas asesinadas en los primeros seis meses.
Parte de la estrategia para que esas víctimas obtengan justicia será la creación de comisiones de la verdad regionales en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, donde se registran mayores índices de violencia relacionado con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.
Aunque aún no se define qué subsecretaría estará a cargo de la coordinación general de las comisiones, éstas tendrán “un objetivo claro con metodología para avanzar en la pacificación” y se prevé que inicien en 2019.
Las otras comisiones de la verdad serán por hechos concretos: la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; la presunta ejecución extrajudicial en Tlatlaya; los asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca, tras una protesta magisterial y el asesinato de migrantes cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa de San Fernando, Tamaulipas.
El Estado está en falta porque en todos estos casos no hubo una investigación concluyente ni sentencia hacia los responsables, sobre todo, dice Sánchez Cordero, por falta de voluntad política en la administración de Enrique Peña Nieto. “Esta vez habrá voluntad política para resolverlos”, promete.
Las comisiones regionales y por caso, estarán integradas por la sociedad civil de cada entidad, porque conocen bien la problemática y “se ha organizado ante la ausencia de gobierno”; también expertos, nacionales e internacionales y académicos.
Aunque no ha planteado el presupuesto que necesitará, afirma que la voluntad política deberá verse reflejado en los recursos de los que puede disponer. Además, espera la cooperación también de los gobernadores y fiscalías estatales porque este problema sólo se va a resolver con hechos concretos: “Número uno, reconocer, número dos, tener la información suficiente como para poder avanzar, y número tres, tener las metas clarísimas y la metodología para avanzar. No puedes hacerlo de otra manera”.
En busca de la paz social: despenalización de la mariguana
Para lograr la paz y seguridad también se debe tocar otro tema: la despenalización de la mariguana. Primero, escucharán las propuestas a través de los foros de consulta en la que intervendrán sociedad civil, expertos, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Sánchez Cordero advierte que “el Estado debe estar presente en todo”, es decir, en la regulación del consumo, trasiego y producción de mariguana y amapola.
“En Estados Unidos, por ejemplo, tú te registras para ser consumidor hasta de gomitas de marihuana; el Estado cobra impuestos importantes, California va a sacar más de mil millones de dólares de impuestos este año, nada más por la cuestión de la marihuana, ¡mil millones de dólares! Entonces habrá que regularla con una presencia fuerte del Estado. No vamos a legalizarla, no, no, vamos a regularla”.
