Prospera y el Seguro Popular, programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento. Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles beneficiarias sin recibir apoyo.
Así lo advierten las evaluaciones de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos, “dudosa”.
En el caso de Prospera, las auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes: alimentario, educativo y de salud.
En cuanto al componente alimentario la auditoría destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.
Sin embargo, dado que el programa no está diseñado para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que no existe hasta el día de hoy.
“La carencia de información sobre la mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos, no posibilita evaluar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar su alimentación”, señala esta auditoría.
El análisis también alertó que únicamente el 0.8 % de las familias beneficiadas con los subsidios de alimentación recibieron capacitación para desarrollar actividades productivas, un elemento que clave para que los beneficiarios no dependan solo del apoyo del gobierno en el corto plazo.
En el componente de educación de Prospera, la ASF registró que se dieron becas a más de 4 millones 680 mil estudiantes de educación básica, así como a un millón 153 mil alumnos de nivel medio superior; más del 90 % tuvieron una asistencia regular a clases.
Sin embargo, los auditores señalaron que no hay indicadores que permitan evaluar que cada vez menos alumnos deserten y terminen satisfactoriamente sus estudios, ni tampoco que permitan saber en qué medida este programa realmente contribuyó en la inscripción de más alumnos en los planteles.
“Tampoco se dispuso de mecanismos y de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del programa en la ampliación de capacidades en educación”, indica el informe de resultados de la Auditoría.
Respecto al componente de salud, los auditores encontraron que el 94 % de las seis millones y medio de familias dadas de alta en Prospera recibieron cobertura, además de que se mantiene el control nutricional del 99 % de los menores pertenecientes a las familias beneficiadas.
Además, se impartieron más de un millón 600 mil talleres para el autocuidado de la salud a la población vulnerable.
Pero al igual que en los casos anteriores, hallaron que más allá del apoyo subsidiario no hay indicadores que permitan evaluar si se están incrementando las capacidades de los servicios de salud ni la efectividad de los talleres para incrementar la prevención de enfermedades. Son componentes clave para que las acciones no sean solo asistencialismo ni exista dependencia del apoyo específico.
Seguro popular… no para todos
El programa del Seguro Popular tiene como finalidad proporcionar servicios de salud y atención médica (incluidas cirugías y tratamientos) a la población en México que no es derechohabiente de los seguros que proporcionan el IMSS y el ISSSTE. En 2012, se calculaba que el universo de personas sin ninguna clase de acceso a esquemas de salud era del 25 % de la población.
Lo que los auditores encontraron es que en 2017, el programa falló en beneficiar a la población objetivo e incluso la cobertura ha disminuido.
De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada en 2013, había 55.6 millones de personas afiliadas al Seguro Popular, lo que representaba el 85.4 % de la población objetivo. Pero para 2017 la cifra de beneficiados disminuyó a 53.5 millones de personas, 79.2 % de la población objetivo.
En realidad, no todas las personas en México tienen seguridad social, objetivo central de este programa que proviene desde el sexenio de Vicente Fox y que la administración actual ha fallado en fortalecer.
La ASF subrayó que al menos en 2017 tampoco se hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad social, lo que genera un riesgo de que existan personas duplicadas con distintos seguros en perjuicio de quien no tiene ningún tipo.
Además, no hay indicadores que permitan evaluar una cobertura amplia a los beneficiados para que no tengan que invertir en gastos complementarios.
“A 14 años de operación, (el programa) sigue sin contar con información ni indicadores y metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema público”, concluye la ASF.
