La contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, dio a conocer los avances y resultados de los más de tres mil quinientos procedimientos administrativos que se encuentran en las tres diferentes etapas de investigación, substanciación y resolución de la Contraloría Gubernamental.
En conferencia de prensa, señaló que, a la fecha, esta dependencia ha emitido 83 sanciones a exfuncionarios y personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. De ellas, 26 corresponden a amonestaciones, tres a suspensiones y 54 a inhabilitaciones. Mientras que 21 personas reciben la sanción de inhabilitación por parte de la Contraloría Gubernamental por haber presentado conductas clasificadas en desapego a la normatividad que todo servidor público debe observar en su marco de actuación y bajo el principio de legalidad.
En el informe, la contralora gubernamental detalló también que 33 exfuncionarios de la pasada administración gubernamental fueron inhabilitados por esta dependencia: 19 por no haber presentado su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de conclusión en el cargo y 14 por omisión en la declaración patrimonial en la modalidad de modificación.
Refirió que el total de las inhabilitaciones corresponde a dependencias y entidades como la Contraloría Gubernamental, Secretaría de Economía, Secretaría General de Gobierno, Oficina de Gobernador, Comisión de Parques y Biodiversidad, Secretaría de Obras Públicas, ITACE, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Administración, entre otras.
Con base en el trabajo de las autoridades investigadoras de la Contraloría Gubernamental, se han presentado cinco denuncias a la Fiscalía General de la República, 12 a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Tamaulipas e informó que ha turnado al Tribunal de Justicia Administrativa 24 expedientes calificados por la autoridad investigadora de la Contraloría Gubernamental como faltas graves.
Pedraza Melo dijo que lo anterior es el resultado del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por garantizar el debido proceso en las investigaciones e informar a las y los tamaulipecos sobre el resultado de las sanciones aplicadas en esta dependencia, porque en Tamaulipas las y los servidores públicos deben conducirse con ética e integridad en la gestión pública.
“Nada ni nadie por encima de la ley, como ha citado a Benito Juárez nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, concluyó.
