Emilio Lozoya, preso en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, se desistió de la suspensión definitiva que la semana pasada frustró la resolución de su posible liberación, lo que ahora permitirá que un juez de control se pronuncie sobre el otorgamiento de este beneficio.
El pasado jueves, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor dijo que era procedente su reclamo del ex director de Pemex de llevar su proceso en libertad, pero que estaba impedido para resolverlo por la vigencia de una suspensión dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, en un amparo promovido por el acusado.
De acuerdo con registros judiciales, al día siguiente, la defensa de Lozoya acudió ante el tribunal a presentar su desistimiento de esa medida protectora que ordenaba mantener el estado de las cosas, es decir, que el acusado debía mantenerse en el Reclusorio Norte en tanto no sea resuelto el amparo.
«Por medio del presente escrito me permito en este momento desistirme a mi entero perjuicio de la suspensión del acto reclamado que en su momento fue solicitada ante este Tribunal. Lo anterior, puesto que el día de ayer se celebró la audiencia para el cese de la prisión preventiva de mi representado ante el Juez de Enjuiciamiento, ante el hecho de que el quejoso lleva dos años y un mes privado de su libertad sin que se haya dictado sentencia y el Juez de la Causa determinó que derivado de esta suspensión en este juicio de amparo no es posible resolver la petición constitucional», dice el escrito presentado por su defensa.
El colegiado envió a un actuario al Reclusorio Norte para requerirle a Lozoya que firme si ratifica el desistimiento.
Una vez que así lo haga, sus abogados estarán en posibilidad de volver a pedir el cambio de medidas cautelares y ya no habrá ningún impedimento legal para que el juez Aquiles Villaseñor resuelva si le otorga o no la libertad provisional.
La solicitud de cambio de medida cautelar, por parte de Lozoya se basa en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a revisar la prisión preventiva después dos años de reclusión.
El pasado jueves, al concluir la audiencia de Lozoya, el mismo juez Aquiles Villaseñor concedió con ese criterio la libertad provisional a José Antonio Vargas Hernández, coacusado de Juan Collado en el caso de la Caja Libertad, con restricciones como el uso de brazalete electrónico y la prohibición de salir del país, así como el pago de una garantía de 250 mil pesos.
Lozoya cumplió el pasado 3 de noviembre dos años de estar internado en el Reclusorio Norte; hoy en día sólo está sujeto a la prisión preventiva justificada por un solo proceso que le iniciaron por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, en el Caso Odebrecht.
Lo que pretende en sustitución de la prisión preventiva justificada, son las mismas disposiciones a las que estaba sujeto antes de ser recluido, es decir, el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del País y su presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.
