La cantante colombiana Shakira depositó en un juzgado los 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra la Hacienda española.
Según informaron a EFE fuentes jurídicas, la artista entregó el pasado agosto en un juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona (España), la suma supuestamente defraudada, mientras está a la espera de que el magistrado la cite a declarar como investigada por esta segunda causa abierta.
La cantidad consignada por la cantante, según avanzó El Periódico de Catalunya, le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero supuestamente evadido.
Esa atenuante fue la que propició el pacto que la artista alcanzó el pasado lunes con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria española y el Gobierno regional de Cataluña para evitar la cárcel, a cambio de una multa millonaria, en su primer juicio por fraude fiscal en España.
Shakira aceptó cerca de 7,8 millones de euros de multa tras reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con una pena de tres años de prisión por seis delitos contra el fisco que no tendrá que cumplir al acordar ese pago.
Antes incluso de que la Fiscalía presentara su querella, Shakira ya había devuelto a Hacienda los 14,5 millones defraudados, lo que no impidió que el ministerio público siguiera adelante con las acciones penales.
La cantante tiene otro proceso abierto en la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional española por un supuesto fraude fiscal cometido en 2011, por el que ya ha desembolsado unos 60 millones de euros mientras sigue a la espera de que se resuelva el recurso que presentó contra la liquidación tributaria.
En la nueva querella que investiga el juzgado de Esplugues de Llobregat, la Fiscalía acusa a la cantante de defraudar 5,3 millones de la declaración de la renta de 2018, correspondientes a ingresos por su gira de ese año y por la cesión de sus derechos intelectuales, más otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los cerca de 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó «declaraciones inveraces» del impuesto sobre la renta, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
