La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal condenar a 10 años de cárcel a dos ex peritos de la entonces Procuraduría General de la República, por presuntamente alterar y perder al menos un resto óseo de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La institución presentó el pasado 29 de mayo ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente su acusación contra los peritos Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, por delitos contra la administración de la justicia.
En el escrito firmado por Servio Tulio Sánchez Pineda, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la FGR también pide imponerles una inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público federal por 10 años y una sanción de 2 mil días de multa, equivalentes a 192 mil 440 pesos.
La Fiscalía pidió al juez dejar a salvo el derecho de las víctimas para que ofrezcan los medios de prueba que les permitan cuantificar y reclamar la reparación del daño, en la etapa de ejecución de la futura sentencia.
Para llevar a juicio a los forenses imputados y tratar de demostrar su plena responsabilidad en el delito, la Fiscalía ofrece en el mismo documento un total de 74 datos de prueba, entre ellos 22 testigos, 9 periciales y 43 documentales.
Entre los testigos, figuran Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, y Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a los documentos, la Fiscalía ofreció las conferencias de prensa que Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, dio los días 6 de octubre y 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015, así como un mensaje a medios de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, del 27 de abril de 2016.
De acuerdo con la acusación, no existe un acercamiento de la defensa de los acusados que demuestre el interés por tramitar un procedimiento abreviado, es decir, declararse culpables para conseguir una pena mínima y así evitar el juicio.
En este asunto, se atribuye el delito contra la administración de la justicia a Cerón y Gómez porque supuestamente llevaron a cabo sin mandamiento ministerial ni justificación legal la diligencia de búsqueda de los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 28 de octubre de 2014, en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
En el margen del afluente presumiblemente removieron sedimentos y lodo hasta localizar una bolsa negra de la que extrajeron al menos un resto óseo, indicio que nunca fue procesado ni analizado para determinar su naturaleza u origen y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Recientemente, la FGR pidió a la justicia federal condenar a 82 años de prisión a Murillo Karam, en el primer proceso que le iniciaron por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia del Caso Iguala.
