El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) hizo un llamado al Gobierno federal para que reconsidere su posición sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica porque, de lo contrario, se incrementarían los costos de las tarifas eléctricas y limitaría el acceso a la energía.
Las 56 multinacionales que integran al Consejo también hicieron un llamado a los legisladores para que ejerzan un voto informado e independiente, tomando en cuenta la competitividad del País.
«Las empresas globales con operaciones en México vemos con enorme preocupación la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica anunciada recientemente por el Gobierno de México, pues afectaría profundamente la competitividad del País en el corto y largo plazos.
«De ser aprobada en sus términos por el poder legislativo, la reforma propuesta incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, tanto de familias como empresas, y se limitaría el acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, indispensable para el desarrollo industrial, social y económico del país», subrayaron en un comunicado.
La iniciativa de reforma al sistema eléctrico nacional afecta la confianza y certidumbre indispensables para el mantenimiento y la llegada de nuevas inversiones ya que cancelaría, en los hechos, la mayoría de los permisos legalmente otorgados al sector privado, argumentaron.
Consideraron grave la posible eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), además del traslado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque estos órganos reguladores autónomos habían sido indispensables para garantizar condiciones de competencia justas.
Añadieron que la propuesta va en sentido contrario a los esfuerzos internacionales en materia de energías limpias y renovables, lo que aleja a México de una transición energética ordenada y decidida.
A su vez, afirmaron, genera incertidumbre en el clima de inversión, al cambiar los compromisos adquiridos por el País en el sector energético y afectar la operación de los órganos reguladores de la industria.
«La restricción en el porcentaje de participación del sector privado tendría graves implicaciones en la transmisión y distribución de suministro eléctrico, lo que incrementaría el riesgo de cortes de energía y afectaría la estabilidad de cadenas de suministro nacionales e internacionales.
«De prosperar la propuesta del Ejecutivo, también se limitaría la incorporación de nuevas tecnologías, particularmente las dedicadas a minimizar o eliminar la intermitencia natural de fuentes renovables», advirtieron.
Otra consecuencia sería la posibilidad de enfrentar aranceles fronterizos sobre todo tipo de productos por su contenido de carbono en procesos de producción en industrias clave como la automotriz y la siderúrgica.
Las empresas globales manifestaron que la aprobación de la iniciativa ocasionaría un incumplimiento deliberado de los compromisos internacionales de México que, entre otros, consideran generar 35 por ciento de la energía con tecnologías limpias para 2024 y 43 por ciento para el 2030.
«No es justificable, en ningún sentido, utilizar combustóleo en la generación de electricidad como resultado de una ineficiente capacidad de refinación ni sostenible utilizar recursos naturales peligrosamente contaminantes para dicho fin», dijo el Consejo.