El Gobernador de Tamaulipas pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar la orden de aprehensión que enfrenta desde mayo por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Mandatario panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó la semana pasada una controversia constitucional para impugnar la acción penal en su contra, iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como la orden que libró un juez federal de Almoloya de Juárez.
El 30 de julio, la Comisión de Receso de la Corte hizo una prevención a García Cabeza de Vaca, por lo que su demanda aún no fue admitida.
«El promovente señala que el 29 de junio del presente año, se hizo del conocimiento público a través de ciertas noticias de la orden de aprehensión girada en su contra, y al mismo tiempo indica, que conoció que el 20 de mayo anterior, el Congreso de Tamaulipas promovió controversia constitucional en contra de dicha orden», explicó la Comisión, integrada por los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo.
«Previamente a decidir lo que en derecho proceda respecto a la interposición de la demanda, se previene al Gobernador de Tamaulipas para que dentro del plazo de cinco días hábiles señale, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado», agregó.
El plazo para promover controversias es de treinta días naturales, de ahí la importancia de aclarar la fecha en que el Gobernador tuvo conocimiento de la orden de aprehensión, misma que fue ampliamente difundida en la prensa desde el 19 de mayo, hace más de 70 días.
La controversia del Congreso de Tamaulipas contra la FGR y el juez que ordenó la aprehensión aún no ha sido admitida a trámite o desechada por el Ministro Juan Luis González Alcántara, quien a principios de junio pidió copia de el expediente penal contra el Gobernador.
El receso de la Corte terminó ayer, por lo que la nueva controversia también será turnada a González Alcántara, y será este ministro quien decidirá sobre su admisión.
Cabe mencionar que el articulo 105 de la Constitución no prevé que puedan existir controversias entre un Estado y un órgano constitucional autónomo federal, como la FGR, ni entre un Estado y los órganos del Poder Judicial Federal, en este caso, el juez que ordenó la aprehensión.
La FGR no ha podido detener a García Cabeza de Vaca porque cuenta con la suspensión que le concedió un juez federal de Reynosa, quien consideró que no se puede aprehender al Gobernador mientras se aclara si mantiene o no el fuero contra acusaciones penales.
El Congreso estatal rechazó el 30 de abril homologar la declaración de procedencia o desafuero del Gobernador, decretada el mismo día por la Cámara de Diputados, y desde entonces persiste la duda de si se puede o no actuar penalmente en su contra.
El Artículo 111 de la Constitución, sin embargo, es claro al señalar que los Congresos estatales tienen la última palabra para decidir el desafuero de funcionarios locales acusados por delitos federales.
