La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte por más de 9 millones de pesos.
Tras una audiencia que duró 42 horas, el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, también determinó la vinculación de María Ávila (PVEM) y Rodrigo de la Rosa (PRI) por el mismo delito y por montos de 3.8 y 2.5 millones de pesos respectivamente.
Mendoza consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) no fueron refutadas por la defensa, por lo que éstas cuentan con valor probatorio para determinar la comisión del delito.
El juez admitió como evidencia los 34 recibos firmados por Campos Galván que dan cuenta de la entrega del dinero cando ésta fungía como subcoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado. Los recibos cuentan con fe pública del notario número 4 de Chihuahua, Luis Raúl Flores.
Otorgó un plazo de seis meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que concluya con su investigación.
El juez mantuvo las medidas cautelares de retiro del pasaporte y prohibición de salir del país, dado que el Ministerio Público no pidió una modificación de las mismas.
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Durante la audiencia se presentaron evidencias falsas por parte de la defensa de María Eugenia Campos y María Ávila, que el juez de control desechó. Concretamente una entrevista realizada a César Jáuregui Moreno, otro de los involucrados en la “nómina secreta”, cuya fecha y hora fueron falseadas.
También se presentó documentación para justificar los contratos de servicios jurídicos en favor del hermano de Campos, por los que se cobró un millón de pesos y que resultaron plagiados de la página web del Instituto de Comercio Exterior de España.
Maru Campos señaló que la vinculación a proceso no significa que diera la razón al Ministerio Público, “ni significa que se hayan confirmado las acusaciones” o sea una sentencia, por lo que no afecta sus derechos políticos de votar y ser votada.
En conferencia de prensa, dijo que la decisión del juez no es vinculante para una responsabilidad penal, por lo que no altera el trato de presunción de inocencia que se le debe dar ya que apenas empieza el proceso de investigación formal.
“Yo tengo confianza en el sistema judicial y sabedora de las consecuencias decidí enfrentar la formulación de la imputación hace apenas unos días”, precisó.
Se quejó de que la Fiscalía no le permitió el acceso a las pruebas durante la etapa inicial, por lo que mencionó que a partir de este momento se realizará un control judicial de las mismas.
Adelantó que entrará con “mucha confianza y fuerza” a la campaña electoral, para buscar que las instituciones cumplan con su deber y sirvan a los ciudadanos, no solo para la persecución como la que desató en su contra el gobierno del estado y particularmente el gobernador Javier Corral Jurado.
Acusó que Corral pretende entregar el estado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que recurrió a “declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, utilización de instituciones, amenazas y una confabulación de actores políticos, personajes del gobierno estatal y otros partidos”.
La candidata panista aseguró que no tiene nada que esconder y que su vida pública es un “libro abierto”.
En un mensaje de Twitter, comentó: “Yo no me rindo, no me doblego y voy para adelante con cada uno de los chihuahuenses. ¡Seguimos más fuertes que nunca!”.
