La decisión de un juez del Tribunal Supremo de Brasil de anular todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 75 años, ha caído como una bomba en el país: el veterano líder izquierdista podrá participar en las elecciones presidenciales de 2022.
La eventual vuelta del histórico fundador del Partido de los Trabajadores (PT) a la primera línea de la política aumentaría la polarización en Brasil y le restaría opciones al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección.
Todo ello se da en medio de un brutal aumento de muertos y contagios por la pandemia del coronavirus en Brasil, con su red hospitalaria al borde del colapso. Y de una lenta campaña de vacunación, de la que dependerá la recuperación económica del país y que tendrá mucho peso en la campaña electoral.
«Víctima de una conspiración»
Tras un recurso presentado por los abogados de Lula, el juez Edson Fachin anuló todas las condenas impuestas por la Justicia Federal de Paraná al expresidente al considerar que ese tribunal no era competente. De este juzgado estaba al cargo entonces el exjuez Sergio Moro, que más tarde sería ministro de Justicia de Bolsonaro.
Con la decisión de Fachin quedaron anulados cuatro procesos contra Lula relacionados con un triplex situado en Guarujá, una hacienda en el municipio de Atibaia y otro vinculado al Instituto Lula. Por el caso de Guarujá, Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero. El expresidente permaneció un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.
Fachin, en su decisión del lunes, consideró que Moro no tenía competencias jurídicas porque los procesos deberían haberse juzgado en Brasilia y no en Curitiba. Ahora deberán reiniciarse en la capital. También concluyó que las irregularidades atribuidas a Lula no tienen relación con el esquema de desvíos de dinero de la estatal Petrobras, piedra angular de la operación ‘Lava Jato’.
La Fiscalía General ya comunicó que apelará la decisión de Fachin.
El líder del PT siempre ha negado las acusaciones contra él y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, que ganó Bolsonaro. En 2019, el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula.
Polarización
Nada más conocer la noticia sobre la anulación de los procesos del líder del PT, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no teme enfrentarse a Lula en los próximos comicios. «El pueblo brasileño no va a querer un candidato como ese en 2022», comentó.
Por el momento, Lula, que dejó la Presidencia con más de un 80 % de aprobación, no ha hecho ninguna declaración sobre su vuelta el ruedo político. Según fuentes del PT, citadas por Folha de Sao Paulo, el petista no ha tomado una decisión formal, pero sí ha mostrado su disposición «a retomar el comando del Palacio de Planalto».
Una encuesta de opinión publicada este fin de semana por O Estadão de Sao Pauloindica que Lula tendría más capital político que Bolsonaro. Según el sondeo, un 50 % de los entrevistados votaría al petista si volviese a ser candidato, mientras que un 44 % dice que no escogería ni a Lula ni a Bolsonaro.
«Si creías que Brasil estaba polarizado políticamente, siéntate porque el show acaba de empezar», escribió en Twitter el analista Thomas Traumann.
La decisión de Fachin desacredita a Moro, quien hace un año renunció a su cargo como ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro tras acusar al mandatario de «interferencia política» en la Policía Federal (PF).
Este martes, el juez Gilmar Mendes anunció que por la tarde se juzgará el recurso presentado por la defensa de Lula que cuestiona la imparcialidad de Moro en todos los casos contra el exmandatario.
Una decisión del Supremo en su contra por parcialidad podría tener un impacto sobre todos los procesos en los que estuvo al cargo e incluso suponer laanulación de los casos de ‘Lava Jato’, la mayor operación anticorrupción de la historia del país.
