La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afecta a las empresas privadas, especialmente a las renovables, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es la más destructiva que ha presentado el Gobierno mexicano en contra del sector eléctrico”.
“No sólo por la manera en la que busca cambiar prácticamente todas las reglas de lo que está escrito, sino también por los impactos y las consecuencias económicas que podría tener para el país”, dijo en entrevista con Efe Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
Valle estima que las repercusiones a todos los proyectos privados ascienden a 44 mil millones de dólares y sin considerar los impactos que podrían tener aquellas empresas que hoy están consumiendo energía renovable y que serían obligadas a comprar energía más costosa de la CFE.
La iniciativa de López Obrador, según Valle, supone que en lugar de promover una eficiencia en la CFE “para que pueda competir mejor y se haga de nuevas tecnologías”, con plantas más económicas y competitivas, “se centra en aislarla y en desplazar irregularmente a los competidores y cancelar arbitrariamente permisos que se obtuvieron legítimamente”.
La iniciativa, enviada el 1 de febrero al Congreso y que debe discutirse en un plazo de 30 días por ser de carácter preferente, pretende modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la generación de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, empresa estatal, sobre las centrales privadas de renovables y las de ciclo combinado.
En manos de los legisladores
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados llevará a cabo este jueves y viernes una sesión abierta en la que empresarios y activistas expondrán sus puntos de vista sobre la iniciativa, aunque el martes López Obrador ya dijo que no tocará en “nada” esta iniciativa.
El vocero de la AMDEE y de la ASOLMEX considera que el debate abierto “es un paso interesante, una puerta al diálogo que en el sector no ha existido en todo lo que va del sexenio”.
Recordó que los dos preceptos fundamentales en los que se basa la iniciativa “es favorecer a la CFE por encima de sus competidores y alterar las reglas del juego. Busca cambiar el mercado para beneficiar exclusivamente a la CFE, desplazando ilegalmente a otros jugadores que participan en el mercado que podrían dar energía más barata y más limpia que la propia Comisión”.
Sobre si el sector que representa ve una posible salida ante la iniciativa presidencial, Valle dijo que el actual Gobierno mexicano “ha sido muy claro, su único interés es fortalecer a las empresas productivas del Estado” para que sean más eficientes y más competitivas, pero con las medidas que se están buscando implementar “las van a volver más ineficientes y más costosas”.
Además, lamentó que el diálogo que muchas veces se ha mencionado “nunca ha ocurrido”, pero ahora se tiene “esta opción en el Congreso y la vamos a explorar (…) el Poder Legislativo tiene su autonomía y debiera ejercerla”.
Daños económicos
Valle estima que otros impactos económicos de la reforma propuesta por López Obrador se centran en el incremento de tarifas y en el alza del costo de suministro eléctrico para la población y para todas las empresas desde las pymes hasta las más grandes, además de la pérdida de competitividad de México.
Otras repercusiones se darían al operar plantas termoeléctricas que queman combustibles altamente contaminantes que repercutiría en “una peor calidad del aire y un mayor costo para las finanzas públicas en términos de salud”, junto a las consecuencias medioambientales por el aumento de la contaminación que puede acarrear “sanciones de nuestros aliados comerciales”.
Hace una semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) advirtió que con la iniciativa había una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta semana López Obrador recordó que el capítulo 8 del T-MEC trata sobre el “Reconocimiento de la propiedad, directa, inalienable e imprescindible del Estado mexicano sobre hidrocarburos”.
Además de fortalecer a la CFE, la iniciativa también ordenaría revisar los contratos del Gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.
