La crisis económica provocada por el Covid-19 generará en América Latina y el Caribe hasta 44 millones de nuevos pobres, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que equivale a un incremento de 23 por ciento respecto a los alrededor de 190 millones de pobres en la zona en 2019 que informó la ONU.
El análisis del BID indica que la pandemia reducirá también el bienestar de 52.2 millones de personas que habían alcanzado la categoría de clase media consolidada.
Los grupos más afectados serán los que ya eran vulnerables, como lo son los jóvenes, las mujeres, los individuos con discapacidad, las minorías étnicas y los migrantes, según el documento.
«La respuesta a la crisis sanitaria inevitablemente ha generado una reducción drástica de la actividad económica, que se ha convertido en un reto de similares dimensiones al problema de salud», señala el BID.
«Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional el efecto sobre el PIB puede ser de una contracción de alrededor de 9 por ciento en la región en conjunto, lo cual lleva a prever, por un lado, a una reducción generalizada de ingresos, y por otro, a exacerbar las brechas sociales previamente existentes».
El estudio, titulado «Implicaciones sociales del Covid-19: Estimaciones y alternativas para América Latina y El Caribe», apunta que la situación de mayor pobreza se daría por la falta de una política de protección social consolidada en la mayoría de los países de la zona.
La pandemia encontró a la región latinoamericana, sostiene el documento, en un estado de fragilidad social y económica, en contraste con el entorno favorable que caracterizó a la primera década del presente siglo.
«En el frente económico, varios países estaban experimentando en los últimos años un crecimiento por debajo de su potencial, mientras que otros se recuperaban gradualmente con una estabilidad macroeconómica incipiente», apunta el reporte.
Para tratar de amortiguar el daño económico que provocará la pandemia, el estudio explora cuatro alternativas de política pública que podrían implementarse en la región.
Estas políticas son: dar un seguro de desempleo a los trabajadores del sector formal, otorgar apoyos a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, duplicar los apoyos sociales ya existentes y reprogramar pagos de impuestos y contribuciones de seguridad social.
«La política con mayor relación beneficio-costo es la postergación de pagos de impuestos sobre la nómina y de contribuciones de seguridad social, debido a que representa un efecto directo de incremento en el nivel de liquidez para las empresas que puede utilizarse para mantener el empleo y el valor de los salarios, y con un diseño adecuado que postergue su repago hacia el futuro, su costo fiscal neto puede ser cercano a cero», indica.
