Irene estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió, sin saberlo, en una prolífica empresaria. En cosa de medio año fue registrada como dueña de al menos cinco empresas e integrante del consejo de otras dos. En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público.
Otros vecinos de Irene -todos adultos mayores- también se volvieron de improviso empresarios.
Cuauhtémoc, de 84 años, es accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula, en el segundo sector de la Colonia Valle Verde, una zona popular de Monterrey. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
Sus identidades -y las de al menos otros 10 adultos mayores de la misma zona- fueron robadas para crear una extensa red de al menos 45 empresas fantasma que es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Una de las empresas en las que Irene aparece como accionista se llama Consultoría SOW SA de CV, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.
Mientras que Desarrollo Comercial Lexir, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z-42, quien en julio de 2019 fue sentenciado a 18 años de cárcel.
Empresas de esta red también simularon operaciones con gobiernos de distintos estados y con el PRI nacional, el PVEM y con la delegación Benito Juárez en tiempos de Jorge Romero.
El SAT ya ha incluido a 24 empresas de la red en la lista de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como compañías «fantasma», porque carecen de instalaciones, empleados e infraestructura.
INTERNACIONAL
Consultoría SOW ha participado en un esquema de presunto lavado de dinero que involucra a empresas y personas de México, Reino Unido, Panamá, Estados Unidos y Argentina, de acuerdo con reportes bancarios confidenciales entregados a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro dedicada a rastrear crímenes financieros.
Los reportes de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) fueron compartidos por BuzzFeed como parte de un proyecto periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), del que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Uno de los reportes, fechado el 20 de septiembre de 2016, menciona que Consultoría SOW realizó 172 transferencias sospechosas del 11 de marzo al 15 de septiembre de 2014, por 5 millones 16 mil dólares, equivalentes a más de 66 millones de pesos al tipo de cambio promedio de aquel año.
La mencionada empresa fue creada en Monterrey el 6 de febrero de 2013 ante el fedatario público José Alfonso Gómez Tamez, en cuyo despacho se establecieron al menos 21 firmas de la red fantasma; su hermana Eva Margarita -con quien comparte oficina- constituyó otras 9 compañías.
En el acta constitutiva de Consultoría SOW aparecen como dueñas dos vecinas de la colonia Valle Verde. La empresa fue creada para la administración de recursos humanos, servicios financieros y de negocios, sistemas contables, auditoría legal y fiscal, consultoría en el área de seguridad, gestión de marcas, invenciones y derechos de autor; gestión de préstamos y adquisición de acciones.
Pero en realidad la empresa simulaba operaciones, de acuerdo con una resolución publicada por el SAT el 2 de agosto de 2018.
TRAMA PEÑISTA
Una de las socias de Consultoría SOW también es accionista de Grupo Tecnológico JXA, una de las firmas fantasma que fueron utilizadas para saquear recursos públicos en la «Estafa Maestra».
El 15 de noviembre de 2013, Banobras contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para administrar su red inalámbrica y de telefonía digital, pero como la institución no tenía la capacidad para dar ese servicio, aquel mismo día subcontrató a Evolution Software SA de CV, la cual a su vez subcontrató a otras cuatro empresas, entre ellas el Grupo Tecnológico JXA.
La UAEM le pagó 48.6 millones de pesos a Evolution Software, pero el servicio sólo costaba 12.6 millones de pesos, que es el monto por el que subcontrató a JXA y a otras tres empresas. Es decir, cobró un sobreprecio de 36 millones.
El 30 de abril de 2015 el SAT incluyó a JXA en la lista definitiva de «factureras» o simuladoras de operaciones. La empresa había sido creada dos años antes, el 5 de febrero de 2013 ante el notario José Alfonso Gómez Tamez.
Ese mismo notario y su hermana Eva Margarita auxiliaron a crear la mayoría de las empresas de la red fantasma de Nuevo León.
INMOBILIARIA CRIMINAL
El 4 de marzo de 2015, en un operativo federal fue detenido Omar Treviño Morales, el «Z-42», hermano de Miguel Ángel Treviño, el «Z-40» quien fue líder máximo del cártel de Los Zetas.
En la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/114/2015 se menciona que Omar Treviño residía en una casa en la Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. El mismo expediente refiere que el capo de Los Zetas y sus cómplices tenían otra residencia en el mismo municipio, en la Colonia Olinalá, así como una casa en la avenida Boca Ratón del fraccionamiento La Herradura, en Monterrey.
En marzo de 2015 se reportó que las tres viviendas habían sido compradas en 36 millones de pesos por Desarrollo Comercial Lexir SA de CV, una inmobiliaria que comparte socia y apoderado legal con Consultoría SOW.
Irene, residente en la colonia Valle Verde de Monterrey, y quien actualmente tiene 77 años, es la supuesta dueña del 50 por ciento de las acciones de Lexir y de SOW. El apoderado de ambas firmas es un vecino de la Colonia Infonavit Los Ángeles de Monterrey, de 32 años de edad, que participa en al menos 20 empresas de la red fantasma, según corroboró MCCI en un cotejo de actas.
Tras la detención de Omar Treviño, la extinta PGR encontró indicios de los vínculos de Lexir con otras empresas de la red.
HASTA PARTIDOS
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvieron una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de México.
Al PRI y al Partido Verde, 10 empresas de la red fantasma le cobraron casi 2 millones de pesos en 2014 por supuestos servicios como publicidad, transporte y equipos de oficina.
Incluso, el PRI nacional contrató ese año a Consultoría SOW, la empresa investigada por lavado de dinero, de acuerdo con los informes que ese partido entregó al INE.
La dependencia gubernamental que más benefició a la red fantasma fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en 2014 asignó dos contratos para la rehabilitación de caminos en Nuevo León, seguido del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que desembolsó 9 millones 183 mil pesos en materiales de limpieza y de oficina a favor de dos empresas que el SAT ya ha declarado como simuladoras de operaciones.
El INEA le pagó tres millones de pesos por difundir servicios de alfabetización en spots en autobuses foráneos y el Instituto Nacional de Migración le encargó paquetes de higiene para repatriados.
La delegación Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar a dos o más empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato a una de ellas para abastecer equipos de seguridad. Esto fue en 2014 cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual diputado federal y vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro.
