“¿Todavía no tienes servicio funerario?”, pregunta el “gestor” en un juzgado donde se tramitan certificados de defunción en la Ciudad de México. No está afuera del inmueble, sino adentro, ofreciendo sus servicios a sólo tres pasos de un policía capitalino que resguarda el juzgado y que permite transcurrir la negociación.
“Mira”, prosigue el gestor. “Nosotros podemos hacer un paquete con el certificado de defunción y el servicio de cremación directa, o en su caso inhumación. Nosotros vamos por el cuerpo, lo certificamos y cobramos 15 mil pesos, pero ya nosotros liberamos todo. Incluye el ataúd si es inhumación; si es cremación, nada más es la bolsa séptica y la urna. Liberamos los trámites, el certificado, el crematorio, el acta de defunción y los permisos para cremarlo o inhumar”.
La escena ocurre en el juzgado habilitado extraordinariamente por el Registro Civil en la sede de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), en la alcaldía Cuauhtémoc. En una de las entradas del inmueble oficial, la dependencia colocó un aviso en el que advierte a los ciudadanos de los gestores, también conocidos como “coyotes”, que ofrecen certificados de defunción, un formato oficial gratuito expedido por la Sedesa para que médicos con cédula profesional vigente registren la causa de un deceso; dicho documento también es un requisito necesario para iniciar el trámite de un acta de defunción.
“Todos los trámites que se realizan en esta oficina son gratuitos. Por ningún motivo acepte ayuda de desconocidos o de gente ajena a esta oficina, como los que se encuentran en los alrededores ofreciendo la emisión de certificados de defunción”, indica el aviso.
A unos metros, y no a los alrededores, sino adentro, el gestor hace su trabajo intentando convencer a las personas de que no hagan el trámite del acta de defunción por ellas mismas, sino que contraten sus servicios de mediación.
Al gestor se le plantea, hipotéticamente, que un pariente de 40 años con un mal respiratorio crónico (asma) ha fallecido con síntomas de COVID-19, pero sin que se le hubiera hecho la prueba para confirmar, o descartar, la enfermedad. El gestor, tapabocas negro colocado, alhajas en las muñecas y en el cuello, afirma que tiene todo bajo control: presume que del juzgado obtiene formatos oficiales de certificados de defunción y ofrece, con ayuda de un médico, clasificar la muerte como un caso de neumonía atípica, a contrapelo de la indicación oficial de que los fallecimientos de este tipo sean inscritos como “probable COVID-19”; el gestor afirma que luego ingresará el certificado en el juzgado y obtendrá el acta de defunción en un día, trámite que normalmente demora de cuatro a siete días hábiles.
–¿Qué aparecería en el certificado de defunción como causa de muerte?
—Pues lo manejaríamos como una neumonía atípica, porque no tiene la prueba del COVID; le manejaríamos el asma, o sea, insuficiencia respiratoria, y la neumonía atípica.
–¿Ustedes lo certifican?
–Sí. Es un certificado de defunción como estos –dice mientras abre una carpeta y muestra varios certificados; el policía sigue en su lugar, ajeno a la escena–. Estos son expedidos aquí.
–¿El certificado sí tiene validez?
–Sí, el certificado de defunción sale de aquí, es como los que ves aquí –vuelve a enseñar la carpeta–. Te cobraría 15 mil pesos ya con el certificado de defunción expedido por el médico.
–¿Tienes un médico?
–Yo tengo el médico, yo lo hago.
–¿Cuántos días te tardas en sacar el acta de defunción?
–No, no son días, es hoy ya.
–¿Hoy mismo sale el acta de defunción?
–Sí –asegura.
El “paquete”, detalla, incluye recoger el cuerpo en una carroza fúnebre y resguardarlo en una embalsamadora y funeraria ubicada en la colonia Obrera.
“Yo voy por el cuerpo y me lo quedo en la embalsamadora en resguardo; cuando nosotros tengamos un horario de cremación, se te avisa a ti”, explica el gestor. “Para la inhumación, tú tienes que checar si tu familia tiene panteón, y tienen que ir al panteón a pedir horario, y ya, cuando tú me digas, nosotros a esa hora estamos en el panteón. Es cuestión de los tiempos de qué se quiere hacer con el cuerpo”.
Un colaborador del gestor añade que la ventaja de estos servicios es que las familias pueden estar seguras de que las cenizas que reciban o los cuerpos que entierren son los restos reales de sus familiares.
“Te puede ayudar en cuestión de que Salubridad (Sedesa) lo que está haciendo es que maneja la cremación del cuerpo y te lo entrega en urna; la diferencia con esto es que al igual tú tengas la certeza de que el cuerpo de tu familiar es cremado, porque no se puede velar ni hacer alguna manipulación del cuerpo, para evitar contagios”, comenta.
“Si tú quieres que sea por fuera, necesitas ver a un médico que te lo pueda manejar por neumonía atípica, que no sea COVID, porque, si es coronavirus, Salubridad se hace cargo. Y, si tú quieres hacerlo por fuera, necesitas contactar a un doctor que, en lugar de pasártelo como coronavirus, te lo haga pasar por neumonía atípica; mientras no haya prueba del COVID, se puede decir que es una neumonía atípica”.
El ayudante del gestor afirma que una médica externa a la Sedesa colabora con ellos.
“Hay una doctora chaparrita, se llama Eunice, necesitas platicar con ella y te dará su punto de vista médicamente, qué es lo que puedes hacer; ella es un contacto que hay aquí afuera”, sostiene.
Alertan por subregistro de COVID-19
Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), advierte que el principal problema de este tipo de “coyotaje” es que afecta las estadísticas oficiales sobre defunciones causadas por el nuevo coronavirus.
“La primera gravedad tiene que ver con que, si no es puesta la causa real de la muerte, nosotros, como funerarios, no podríamos tomar las precauciones que debemos, o a lo mejor en el cementerio las medidas de seguridad se relajan, entonces empieza a ser un descuido para la cadena de servicios funerarios y para la sociedad”, expone en entrevista.
“Y obviamente esto se ve reflejado en las cifra oficiales, porque, si desde un inicio no se toma esta precaución y hay gente que está en estos lugares haciendo este tipo de cosas, pues esta información no va a llegar a las cifras oficiales. Es decir, las cifras oficiales van a estar siguiendo su curso, y alguna acción que haya que tomar para solventar (la pandemia), para poner más hospitales, a lo mejor dar más presupuesto a terapias intensivas porque hay más muertes, se va a dejar de lado, porque el gobierno se basa en estadísticas, y no hay otra forma de que el gobierno pueda atacar una situación si no tiene números reales”.
García señala que el hecho de que un gestor funerario, sin ser médico, tenga en su poder certificados de defunción expedidos por la Sedesa es una ilegalidad.
“El certificado de defunción es un formato gratuito, es un documento oficial y es gratuito, no se puede vender. Si alguien dice: ‘yo te vendo el certificado de defunción’, realmente está cayendo en un delito bien importante,porque está vendiendo un documento oficial”, plantea.
“Los certificados de defunción los maneja la Sedesa directamente; no pueden salir de sus oficinas o de sus archivos si no hay una solicitud de una defunción. El trámite normal es: se tiene que presentar el médico tratante a la oficina de la Sedesa, expedir una receta y en ella solicitar el certificado de defunción, poner los datos generales de la persona fallecida, las causas de la defunción y entregar copia de su cédula. A cambio de eso, le van a entregar un formato de certificado de defunción. Un gestor de una funeraria, alguien que no sea médico, no tendría por qué tener una dotación de certificados de defunción”.
El vicepresidente de la ANDF sostiene que es grave que gestores funerarios gocen de tolerancia de las autoridades para hacer negocios, incluso, dentro de instalaciones oficiales, como ocurrió en el juzgado ubicado en la sede de la Agencia de Protección Sanitaria de la Sedesa.
“Nos habían comentado que ofrecían estos servicios en la calle, no adentro; si tú me comentas que estaba adentro, y aparte tenía formatos de certificados de defunción, eso es algo muy grave, porque un particular que no sea médico o personal de alguna institución de salud no tendría por qué tener una dotación de certificados de defunción”, comenta.
“Un certificado de defunción es para nosotros algo súper valioso, lo cuidamos como oro: que no se moje, que no se vaya a rayar, a arrugar, que no le vaya a pasar nada, porque es de las peores cosas que nos puede pasar que se nos pierda, que lo maltratemos; un formato de certificado de defunción es algo muy valioso en términos legales, no de dinero”.
García advierte que algunos “coyotes” ofrecen servicios de funerarias que no están registradas ante Hacienda y que, por lo tanto, no emiten facturas fiscales, necesarias para realizar trámites relacionados con la persona fallecida.
“Nosotros, al finalizar nuestro servicio, por el pago expedimos una factura, y la mayoría de las personas dentro de la informalidad no expiden tal comprobante de pago. ¿Por qué es importante? Porque cuando fallece una persona y se tienen que hacer trámites de darlo de baja de un seguro de vida, tramitar una pensión en el IMSS o el ISSSTE, tramitar la cesión de derechos de una casa, todo lo que tiene que ver legalmente con los trámites posteriores a la muerte de una persona, les van a pedir la factura de gastos funerarios; si caen en manos de la informalidad, pues estos no les van a poder dar una factura de gastos funerarios, y ahí es cuando las personas empiezan a peregrinar buscando quién les venda o les haga una factura”, explica.
Problema identificado en la Sedesa
La presencia de “coyotes” funerarios afuera de los juzgados donde se tramitan actas de defunción es un problema identificado por la Secretaría de Salud de la CDMX, reconoció el área de comunicación social de la dependencia.
“Claro que está identificado (el problema). Para obtener el certificado de defunción, lo debe hacer un médico con cédula. Si se fallece en hospital, ahí lo hace el médico tratante, pero, si es en domicilio, lo debe hacer el médico tratante también, o familiar, que no en todos los casos hay, y por eso recurren a esos ‘gestores’. Pero, si se llama al 911, Consejería Jurídica envía un médico que da el servicio sin costo”, indicó en una respuesta enviada a este medio.
La dependencia rechazó que exista colusión entre funcionarios y los gestores funerarios para facilitar la emisión de formatos de certificados de defunción.
“No, porque al médico, con su receta, le dan en ese momento el certificado para que lo llene. Y, una vez que lo llena, se hace el trámite funerario, que en general se hace ese mismo día. Hay médicos certificantes 24 horas del día. No debería (haber colusión), pues son trámites gratuitos. El mismo personal de ventanilla, al detectar que un médico certificante acuda una y otra vez, lo puede denunciar, y la Agencia (de Protección Sanitaria) levanta acta y lo llama a comparecer”, aseguró.
