A dos meses de la masacre cometida en la colonia Valles de Anáhuac, donde ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos de la Policía Estatal y del Centro de Análisis, Estudios e Inteligencia de Tamaulipas (CAIET), familiares de las victimas realizaron una protesta.
Acompañados por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, los familiares de Gilberto, de 20 años; Luis Fernando, de 19; Juana Yetzel, de 20; Severiano, de 35; Cindy Esmeralda, de 39; José Daniel, de 19; Jenifer, de 21 y Enrique, de 20 años, exigieron justicia y que los involucrados sean detenidos.
“Estamos en este sitio simbólico, para recordar que hace dos meses, el gobierno de Tamaulipas por medio de la Secretaria de Seguridad pública elaboró un montaje en Valles de Anáhuac, donde dio a conocer que un grupo de sicarios se había enfrentado a la policía estatal y que por esos hechos habían caído abatidos ocho delincuentes; esas fueron las palabras que el gobierno de Tamaulipas en sus comunicados, en sus filtraciones y en la información que dolosamente dio a conocer” señaló Ramos Vázquez.
Sabemos que el gobierno del estado mintió, que la Secretaria de Seguridad Pública realizó un burdo montaje para criminalizar a cinco hombres y tres mujeres y que la realidad fue muy diferente. Lo que sucedió fue una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas por un grupo de operaciones especiales de las autoridades de la entidad con la participación directa de la Policía Estatal y presencia del Ejercito Mexicano. agregó
A dos meses, aunque hay un Fiscal Especial, el sentir de las familias y de los sobrevivientes de las masacre, es de impunidad, pues no hay detenidos, comentó.
Los familiares de las ocho víctimas de esta masacre, piden que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones, ya que hasta el momento el director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez es protegido por el gobierno estatal.
“Hay siete órdenes ordenes de aprehensión de 24 involucrados, (no hay ningún detenido) falta que investiguen al director del CAIET y tampoco quieren ampliar los delitos, que son torturas y desaparición forzada”, agregó.
Exigieron que el Que el Comité de Recompensas, que emita un búsqueda, y que sea de cinco millones de pesos a quien proporciones información sobre esos siete delincuentes que uniformados cometieron un delito.
La Jornada
