Morena decidió endurecer la Ley de Lavado de Dinero incluyendo por primera vez una figura para prevenir el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el proyecto que la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado de la República distribuyó a sus integrantes, se incorporó el delito de «financiamiento al terrorismo» y su encubrimiento en el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas dentro del Código Penal federal.
A la letra, el artículo 2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala: «El objetivo de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento».
De la posibilidad de que sean supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera no se salvan ni las agrupaciones religiosas o iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público ni los partidos nacionales, según el proyecto, que fue visto con recelo, por su «carácter persecutorio», por la Oposición.
Con base en el proyecto, también queda visible la «Persona Políticamente Expuesta, aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas o disposiciones de carácter general».
Reticente también a aceptar cláusulas comerciales y de derechos humanos en normativas internacionales, Morena ha querido dejar de manifiesto que debe acatar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En la exposición de argumentos del proyecto se argumenta que «la propuesta busca cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero de 2018, (en el que) se identificaron áreas de mejora, particularmente en la aplicación de medidas preventivas y en la supervisión de las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), denominadas en México como Actividades Vulnerables, reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
«México, al ser parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tiene la responsabilidad de cumplir con estándares internacionales en la lucha contra el LD y el FT. No realizar estas modificaciones podría comprometer la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que podría resultar en sanciones o en la inclusión del País en listas de riesgo que afectarían su reputación en el ámbito financiero internacional. La reforma es, por lo tanto, un paso necesario para evitar situaciones desfavorables que podrían comprometer la economía mexicana», añade el documento.
