A cuatro días de terminar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó prolongar hasta septiembre de 2026 el programa para regularizar vehículos importados ilegalmente al País, conocidos como autos chocolate, por lo que seguirá vigente en 16 estados.
«Derivado de la buena aceptación del programa y toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se estima necesario ampliar la vigencia» del mismo, dice el decreto firmado hoy por López Obrador.
Presumiblemente, la extensión de este programa, que desde un principio ha sido rechazado por la industria automotriz nacional, fue acordada con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá su cargo el próximo martes.
López Obrador argumentó que el programa, en operación desde enero de 2022, ha permitido regularizar 2 millones 559 mil vehículos, previo pago de 2 mil 500 pesos, con lo que se han recaudado 6 mil 398 millones de pesos que se usan para pavimentar calles en los estados participantes.
Los autos «chocolate» legalizados por el actual Gobierno superan las ventas totales de autos nuevos en el País entre 2022 y 2023, que ascendieron a 2 millones 547 mil unidades.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha promovido varios amparos para impugnar el programa, y en junio de 2023, cuando López Obrador extendió su vigencia original, advirtió que el Gobierno estaba «alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz».
Desde mayo pasado, en uno de estos amparos, la jueza federal Minerva Mendoza Cruz ordenó al Gobierno verificar que los autos cumplan regulaciones ambientales y mecánicas antes de regularizarlos.
«Bajo la estrategia que más estime conveniente, verifique que estos (vehículos) cumplan la normativa aplicable en materia de funcionamiento mecánico, emisiones de gases contaminantes y seguridad pública, así como que efectivamente encuadran en el presupuesto temporal aplicable», ordenó la jueza.
Lo anterior, ya que, para el trámite actual, basta que el solicitante declare bajo protesta de decir verdad que el vehículo cumple las condiciones mecánicas y ambientales para circular en el País, y haga el pago respectivo, sin que se le practique alguna verificación.
A principios de agosto, la jueza estaba en proceso de multar a Isabela Rosales Herrera, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que es la dependencia responsable del programa, por no acatar su orden, pero el trámite del caso se ha visto entorpecido por el paro de labores del Poder Judicial desde el 19 de agosto.
En sexenios previos, el Gobierno emitió varios decretos para impedir la importación de este tipo de vehículos usados, que algunas empresas de la frontera internaban por miles al País, salvo que cumplieran requisitos ambientales y pago de impuestos.
