La secretaria general del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojedaz indicó que han detectado que un interesado en ser candidato en Ciudad Victoria, por Morena, tiene una denuncia por violencia familiar, lo que le impediría contender por un cargo de elección popular.
Indicó que en primera instancia van a esperar que se registren todos los aspirantes, pues por ahora la contienda es interna, pero una vez que sean electos, los partidos políticos deberán registrarlos ante los órganos electorales, y estos a su vez validarlos.
La autoridad en ese momento deberán verificar si los candidatos cuentan o no con procesos por violencia, o bien si no están en el padrón de deudores alimentarios, pues en México se aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide a las personas con denuncias o sentencias por agresiones a la familia, la pareja, o bien no hacerse cargo económicamente de sus hijos.
Indicó que por ahora han estado analizando a los que han levantado la mano interesados en participar como candidatos a senadores, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores, para establecer si hay algún hombre o mujer que cuente con denuncias de este tipo.
“Las personas que tengan denuncias por ejercer cualquier tipo de violencia no pueden ostentar ningún cargo de elección popular ni pueden ser funcionarios públicos, cualquier persona que esté catalogado como violentador no podrá ser ni conserje en algún ayuntamiento”.
“Estamos revisando uno a uno cada registro, porque primero fueron al senado, luego a las diputaciones federales y el día de mañana (miércoles) vence el de las alcaldías y regidurías, sí hemos detectado un caso en el partido de Morena, donde si hay un violentador, con un proceso abierto, estamos esperando que se cumpla el término que es mañana (miércoles), para entonces hacerlo valer ante la autoridad, es en Ciudad Victoria, vamos a tomar cartas en el asunto, porque no podemos estar señalando, tenemos que hacer una investigación al respecto si en el partido no hacen lo conducente pues bueno vamos a asumir ante la autoridad electoral”.
Los perfiles de los aspirantes serán sometidos a supervisión a fin de cumplir lo establecido en la ley electoral, principalmente en aspectos legales.
