Nueve meses después de haberse desistido, la Fiscalía General de la República volvió a pedir y conseguir las órdenes de aprehensión contra los 16 militares presuntamente implicados en el caso Iguala.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró los mandamientos de captura contra los militares, entre ellos el Coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Una fuente cercana al caso indicó que la FGR también ejerció la acción penal y obtuvo la orden de aprehensión contra uno de los funcionarios civiles contra quien también se había desistido el año pasado de la orden de captura.
En la lista de soldados con orden de aprehensión están Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.
También Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos ellos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería.
El pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, el mismo juzgado de distrito, entonces a cargo de Enrique Beltrán Santés, giró 83 órdenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Del total de mandamientos judiciales, 20 correspondían a militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
La investigación presentada ante el juez tiene como hilo conductor las declaraciones del testigo protegido «Juan», quien señala de manera vaga y aislada a los soldados -en ocasiones sólo con un apellido- de estar en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 14 de septiembre pasado, la misma FGR volvió a ir con el juez y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
También se desistió de las órdenes de captura de 5 ex funcionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
Los únicos militares contra quienes quedaron vigentes los mandamientos judiciales fueron el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
Algunos de ellos ya estaban presos y los demás se entregaron voluntariamente.
El desistimiento fue duramente criticado por organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron duramente esta decisión de la FGR.
Algunas fuentes cercanas a los deudos decían desde hace unos días que la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), a cargo del tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, les había adelantado que volvería a pedir las órdenes de aprehensión contra los militares.
Eso finalmente ocurrió el pasado martes 13 de junio y al día siguiente la juez Duarte autorizó los mandamientos de captura.
