En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre la posible intervención de su Gobierno en el caso de algunos indígenas que se encuentran presos, acusados de participar en la masacre de Aguas Blancas, registrada en junio de 1995.
Al responder, el Jefe del Ejecutivo reconoció que su Administración ha enfrentado resistencias para conseguir la liberación de personas injustamente encarceladas y se lanzó contra los jueces, a quienes descalificó por no servir al pueblo y tener un «corazón duro».
«Hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que son los que tienen que ayudar y no lo hacen, por eso sostengo que una buena parte del Poder judicial, no todos, desde luego, están nada más al servicio de caciques y de potentados», dijo.
«No imparten justicia, no atienden a la gente pobre, solo atienden a los que tiene el dinero y tienen buenos abogados, no atienden a que no tiene con qué comprar su inocencia. No son sensibles, no le tienen amor al pueblo, ese es el fondo del asunto. Son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, insensibles, por eso no deberían de estar ahí».
Al abundar sobre el tema, López Obrador apuntó de nuevo contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusó de cobrar medio millón de pesos mensuales, a pesar de la pobreza que persiste en el País.
«¿Cómo va a ser que llegaron a ganar hasta 500 mil o 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia», manifestó.
«No puede ser servidor público, pero todo esto es lo que tiene que ir cambiando».
Las críticas de este lunes se suman a las que ya ha lanzado el Presidente contra el Poder Judicial y que se han intensificado tras la llegada de la Ministra Norma Piña, a la presidencia de la Corte.
La semana pasada, el tabasqueño criticó los fideicomisos del Poder Judicial, que cuentan con fondos por más de 20 mil 500 millones de pesos.
Sin mencionar el origen de los recursos, que son -en parte- producto de ahorros, el Mandatario consideró que se trata de un «guardadito» de magistrados y ministros.
La exhibición de los montos se presentó en el marco de la confrontación que mantiene el Jefe del Ejecutivo con el Poder Judicial.
El Mandatario ha acusado a la presidenta de la Corte de no combatir la corrupción y hasta de fomentar una ola de liberaciones de delincuentes.
Actualmente, la Corte tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad de la reforma electoral impulsada por el Presidente, conocida como «Plan B».
