Entre 2016 y 2021 sólo 134 personas lograron acceder al beneficio de portar un brazalete electrónico durante su proceso penal para evitar pisar la cárcel, o en su defecto, lograr salir de prisión antes de que termine su sentencia.
Así lo refieren datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) obtenidos por El Sol de México vía transparencia. De estas 134 personas, al menos cuatro fueron servidores públicos.
Es el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien después fue encarcelado por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados luego de ser fotografiado cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.
Hasta el 3 de noviembre de 2021, el exfuncionario se encontraba en libertad con la obligación de portar uno de estos localizadores electrónicos.
Se habla de un beneficio debido a que los brazaletes se otorgan sólo a personas cuyas familias tienen dinero para pagarlo. Sus rentas van de tres mil hasta 30 mil pesos mensuales, dependiendo de las características técnicas del dispositivo que el juez solicite.
Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de la organización Impunidad Cero y abogada penalista, refiere que el costo de los brazaletes electrónicos es precisamente uno de los grandes problemas que tiene el sistema de justicia penal en México.
“Si tú tienes capital económico evidentemente vas a poder acceder a beneficios diferentes, (pero) si una persona no cuenta con los recursos económicos, el brazalete no se lo dan”, asegura.
Y aunque existen organizaciones que han planteado la necesidad de que sea el Estado quien financie este tipo de beneficios para personas con escasos recursos, o en su caso reduzcan el costo, lo cierto es que sigue siendo una medida poco utilizada.
En México existen 14 medidas cautelares que se pueden aplicar a personas presuntamente involucradas en un delito. Su finalidad es que los imputados no se den a la fuga mientras los están investigando o no entorpezcan su procedimiento atacando a las víctimas o testigos que los acusan.
Estas medidas van desde la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades correspondientes hasta la prisión preventiva.
Bajo esta última medida había 95 mil 424 personas hasta noviembre de 2021, de acuerdo con cifras de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos.
“Las fiscalías siguen apostando por esta idea muy punitiva sobre cómo funciona el sistema”, refiere la abogada.
El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir aquellos que se otorgan de forma inmediata, fue ampliado por el Senado de la República en febrero del año pasado, sin tomar en cuenta que esta medida suele ser aplicada en su gran mayoría contra personas de escasos recursos.
Los datos proporcionados por el CJF indican que las personas que han podido acceder al uso de brazalete electrónico han sido acusados, en su gran mayoría, por delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, contra la salud en su modalidad de posesión de drogas y portación de arma de fuego sin licencia, aunque también los hay por huachicoleo, tráfico de personas y desaparición forzada, entre otros.
