La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró hoy que «bajo ninguna circunstancia» se puede administrar una vacuna a la fuerza, en un momento en el que varios países barajan la vacunación obligatoria para enfrentar las nuevas olas de COVID-19.
En un seminario sobre buenas prácticas y acceso a vacunas y tratamientos, la alta comisionada subrayó que si se imponen vacunaciones obligatorias éstas deben aplicarse con cierta flexibilidad y determinadas excepciones, por ejemplo en personas a las que el fármaco esté contraindicado.
En estas circunstancias, puede ser aceptable condicionar a la vacunación el acceso a escuelas, hospitales y otros espacios públicos, o determinadas consecuencias legales, como multas «proporcionales y sujetas a revisión por las autoridades judiciales», afirmó.
Por otro lado, antes que la vacunación obligatoria sólo debe considerarse si otras medidas menos intrusivas, como el uso de mascarilla o el distanciamiento físico, no han conseguido los objetivos de protección sanitaria buscados.
«La vacunación obligatoria debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», afirmó la expresidenta chilena.
