La Alcaldesa de la alianza PRI-PAN-PRD en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, viaja en una Suburban nueva cuyas placas de circulación fueron alteradas con cinta negra, un delito que según el Código penal de la CDMX amerita entre cuatro y ocho años de cárcel.
No sólo fue dada de alta en Morelos, con lo que burla el pago de tenencia: la camioneta que utiliza la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, porta placas visiblemente alteradas, lo que representa un delito que se agrava si lo hace un funcionario público.
Ayer acudió a la reunión de alcaldes de Oposición en los Estudios Quarry, en Pedregal de Carrasco, Coyoacán.
Llegó puntual, pero se salió a mitad de la conferencia argumentando que tenía otras reuniones. En el estacionamiento la esperaba su chofer a la puerta de una Suburban blanca nueva y blindada.
Es la misma que la transportó él 3 de septiembre en la primera reunión con la Jefa de Gobierno en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Entonces, el vehículo no lucía láminas ni permiso de circulación. Ayer sí, pero anómalas.
Sobre unas placas del Estado de Morelos, con cuatro pedazos de cinta fueron distorsionados los números y una letra.
El «3» se hace ver como un «8», mientras que en la «B» se hace pasar como un «3». Si se consulta la matrícula apócrifa PYK-888-3, el Registro Público Vehicular (Repuve) no arroja resultados. En cambio, la combinación sin alteraciones -PYK-838-B- señala que se trata del modelo High Country 2021, emplacada el 23 de septiembre.
Según el cotizador de Chevrolet, una camioneta de este tipo tiene un precio de contado de 1 millón 728 mil 100 pesos, al que habría que agregarse el costo del blindaje que, según el portaplacas, lo habría hecho la empresa Ballistic Group.
El Artículo 338 del Código Penal de la Ciudad de México establece que a quien altere sin permiso de la autoridad competente la placa de un vehículo se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión, además de 300 a 2 mil días de multa.
«El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste, además, destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos de seis meses a tres años», agrega.
En entrevista, Gonzalo Levi, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, planteó que debería existir una investigación para identificar quién alteró las placas.
«Si alguien realiza un acto o un comportamiento contrario a la Ley y no hay una investigación, debiendo ser por parte de una autoridad, eso también es corrupción, porque no está haciendo lo que se tiene que hacer», consideró.
