Un juez vinculó a proceso a dos experitos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) porque habrían alterado y perdido evidencias del caso Ayotzinapa.
En una audiencia este 12 de octubre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Vázquez Rea, resolvió la vinculación a proceso de Mauricio “C” y Patricia “G”.
Ambos experitos participaron en las diligencias en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se les acusa de obstaculizar la investigación en la búsqueda de los 43 por no haber entregado restos óseos para su análisis científico pues habrían perdido las evidencias de dos hallazgos.
Experitos de la PGR relacionados con caso Ayotzinapa en libertad
El juez también fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y determinó que los dos experitos no ingresarán a la cárcel, sino que llevarán su proceso en libertad provisional.
Sólo se deberán presentar mensualmente a firmar ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, de acuerdo con fuentes judiciales.
Los experitos habrían estado en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, cuando Tomás Zerón estuvo Agustín García Reyes, “El Chereje”, quien señaló que fueron arrojadas dos bolsas con restos óseos de los estudiantes a dicho río.
Esta diligencia fue clave para presentar la versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica” que ya fue refutada.
¿Cómo va el caso Ayotzinapa?
Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reabrió la investigación y se derrumbó “la verdad histórica” con la identificación Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; las autoridades federales presentaron los avances en la investigación, pero son insuficientes para las familias.
Entre lo más urgente de atender es la participación de elementos del Ejército, el seguimiento a las llamadas de telefonía celular, el trasiego de drogas y las detenciones que no se han ejecutado.
Tras estas exigencias, el pasado 1 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer conversaciones entre “Guerreros Unidos” y policías de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
Y la Sedena entregó al menos 18 mil documentos que están siendo revisados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que apoya en la investigación del caso.
