Amnistía Internacional (AI) ha acusado a las principales farmacéuticas que fabrican la vacuna contra la covid de priorizar sus intereses con decisiones que «limitan la producción global» y «obstruyen un acceso justo» a esos preparados durante la pandemia.
En su informe «Doble dosis de desigualdad: las farmacéuticas y la crisis de las vacunas de covid-19», difundido este miércoles, la organización critica asimismo a los países ricos, como el Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea, por «comprar el suministro y acumular dosis» en lugar de destinarlas a lugares con menos recursos.
Según AI, todas las empresas analizadas -AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer- fracasan «en mayor o menor grado» en su responsabilidad legal de velar por los derechos humanos, al no promover iniciativas que permitan que las vacunas estén ampliamente disponibles y sean accesibles a un precio económico.
Las firmas rusas y chinas que producen vacunas no han podido ser incluidas en la investigación por «falta de transparencia» en torno a sus operaciones y datos, avisa AI.
MONOPOLIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍA
En el documento, que incluye correspondencia con las multinacionales, Amnistía censura que, pese a recibir financiación gubernamental y pedidos por adelantado -lo que eliminaría el riesgo asociado con el desarrollo de medicinas-, las farmacéuticas han «monopolizado la propiedad intelectual, bloqueado las transferencias de tecnología y cabildeado con agresividad contra medidas que ampliarían la manufactura global de estas vacunas».
Además, las estadounidenses Pfizer y Moderna y la alemana BioNTech -asociada con la primera- han entregado su producto «casi exclusivamente» a países ricos, «anteponiendo su beneficio al acceso a la salud». Estas empresas prevén ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022, señala la ONG.
Aministía aplaude el compromiso de la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Johnson & Johnson de producir sus vacunas «sin ánimo de lucro» durante la crisis sanitaria, pero advierte que es difícil valorar si lo cumplen por la falta de transparencia «sobre los costes reales de producción».
En todo caso, sus precios son más bajos que los de las competidoras, si bien Novavax, que se ha comprometido a proveer a los países con menos recursos, no puede ser juzgada porque su vacuna no ha sido todavía aprobada por los reguladores.
Donde, según AI, fracasan todas las empresas es al no participar en iniciativas como el C-TAP coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pretende facilitar la transferencia de datos y tecnología, propiedad intelectual, procesos de fabricación y licencias para que otros fabricantes puedan hacer vacunas.
También lamenta la baja aportación tanto de las compañías -a excepción de AstraZeneca- como de los Estados al mecanismo COVAX de distribución de vacunas a países en vías de desarrollo, que aspiraba a contar con 2.000 millones de dosis a finales de 2021 y en agosto solo había distribuido 190 millones.
«Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes», ha manifestado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
«En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros», afirma.
En sus respuestas a la organización pro derechos humanos, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson admiten que la distribución justa y equitativa de los preparados es clave y algunas defienden su decisión de no ceder patentes porque consideran que sería un obstáculo a la innovación.
Coincidiendo con la publicación del informe, AI, con el apoyo de la OMS, lanza la campaña «Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!», para que los países ricos y las farmacéuticas ayuden a cumplir el objetivo de vacunar al 40 % de la población de los países de ingresos bajos y medianos-bajos antes de que termine el año.
