Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, afirmó que la migración ilegal en México es un «filón de oro» para el crimen organizado.
Durante el segundo día de la Conferencia Nacional de Migración (CNM), el funcionario advirtió que les deja ganancias por al menos 10 mil millones de pesos al año.
«Tan rentable es que, si pasan 100 mil personas migrantes y les cobran 5 mil dólares a cada una, nos daría 500 millones de dólares»,alertó.
«Serían 10 mil millones de pesos mexicanos. Nada más en el mes de julio pasaron 222 mil personas migrantes».
Ante los 32 titulares de las oficinas de representación del INM en México, subrayó la importancia de establecer estrategias interinstitucionales para «atajar» los delitos de trata y tráfico de personas.
Refrendó su compromiso de trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para sumar esfuerzos y acciones que permitan salvaguardar los derechos de las personas migrantes.
«Y en contra de los grupos delictivos responsables del tráfico ilícito de personas adultas y menores de edad en contexto de movilidad», abundó.
Garduño agregó que la información que proporciona el INEGI sobre esta problemática sirve a la autoridad para la toma de decisiones objetivas y programadas.
Según datos del INEGI compartidos durante el evento, alrededor de 280 millones de personas migran de un país a otro cada año.
En su oportunidad, el subsecretario de Seguridad de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que México no está en contra de la migración ordenada y legal, sino del tráfico humano.
Ratificó el apoyo de la dependencia a las diversas instituciones relacionadas con el tema, para frenar a los grupos criminales.
«Que se aprovechan de la tradición fraternal de nuestro país y de ciertos instrumentos como la reforma migratoria, para realizar esta actividad delictiva», sostuvo.
«No se trata de criminalizar la migración, se trata de meter orden, se trata de frenar a los traficantes, se trata de que este delito de tráfico ilícito no siga creciendo».
Mejía Berdeja recordó a las empresas privadas dedicadas al transporte de carga y de pasajeros que, si se prestan al tráfico ilegal de personas, sus operadores, choferes, boleteros y otros podrían incurrir en responsabilidad penal y/o administrativa.
