En los últimos 15 meses, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) rechazó el ingreso a México o deportó a mil 893 personas extranjeras, por contravenir la Ley de Migración, poner en riesgo la seguridad nacional, estar relacionadas con actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser requeridos por autoridades de otras naciones.
El organismo señaló que, como instancia de seguridad nacional, dentro de sus facultades están el realizar labores de control migratorio para corroborar la situación de personas de origen extranjero en territorio mexicano, y prevenir el ingreso o estancia de quienes tengan antecedentes por delitos cometidos dentro o fuera del país.
Con base en lo anterior, precisó que de enero a diciembre de 2020 fueron identificadas mil 399 personas extranjeras por las siguientes causas:
A 208 se les impidió el ingreso al país en el marco del programa “Ángel Guardián”, al estar acusadas por agresiones sexuales; 630 fueron deportadas por incumplir con la Ley de Migración o ser requeridas por la justicia de su país; 250 más regresaron a su nación al estar vinculadas —a través del “Operativo Platino”— al denominado sistema “gota a gota” (cobro de préstamos irregulares).
Por su parte, a 311 personas se les negó el acceso al mediar una denuncia por: agresiones, 76; drogas, 70; robo, 50; delitos sexuales, 26; falsificación, 26; homicidio, nueve; allanamiento, ocho; trata de personas, ocho; violencia, tres; portación de armas prohibidas, tres; tentativa de homicidio, dos; miembro de pandilla, uno; resistirse a la autoridad, uno, y por otros delitos, 28.
Este grupo tiene 10 distintas nacionalidades: 136, Honduras; 97, Guatemala; 59, El Salvador; nueve, Nicaragua; cinco, Cuba; y de Estados Unidos, China, Ecuador, Perú y Colombia, uno por país.
En tanto, del 1 de enero al 31 de marzo de este 2021, se identificó a 494 personas extranjeras, de las cuales se impidió el acceso a México a 31 con antecedentes de ofensa sexual, en el marco del programa “Ángel Guardián; en el caso de 454 adicionales se determinó su deportación por incumplir con la Ley de Migración, y nueve más por denuncias por drogas (tres), lavado de dinero (una), robo (tres), fraude (una) e invasión a la privacidad (una).
De estas últimas nueve, cuatro corresponden a personas originarias de Colombia, uno de Irak, uno de Brasil, dos de Ecuador y uno de Rumania.
