La actual crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha convertido a muchos países, especialmente los más pobres, en «rehenes» de farmacéuticas, que imponen precios, plazos de entrega de dosis y hasta exigen inmunidad legal, denunciaron hoy en una rueda de prensa representantes de varias ONG.
«Muchos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, están a merced de las compañías farmacéuticas, y se ven obligados a aceptar cualquier condición», lamentó al respecto el coordinador de la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Brasil, Felipe De Carvalho.
La abogada de derechos humanos Fatima Hassan, de la Iniciativa para una Justicia Sanitaria, agregó que estos países «tienen que aceptar una distribución limitada, una escasez creada artificialmente, pagar los precios que les pidan y encima de eso permiten el secretismo y acuerdos que eximen de responsabilidad».
De Carvalho subrayó que esta situación ha provocado que en países como Brasil o México se hayan tenido que interrumpir las campañas de vacunación por falta de dosis, que el Gobierno brasileño haya pagado precios más altos que sus homólogos europeos por las vacunas de AstraZeneca, o que las farmacéuticas hayan pedido a Argentina cambiar sus leyes a cambio de distribuir sus vacunas.
Esto, advirtieron, está dándose en regiones que tienen algunas de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del planeta, como Latinoamérica o África, donde muchas redes sanitarias y hospitales están en colapso y muchos trabajadores del sector, exhaustos, no tienen perspectiva de poder ser vacunados a corto plazo.
Los activistas dibujaron este negro panorama para defender que se apruebe en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una iniciativa presentada por la India y Sudáfrica para que se suspendan las patentes de vacunas y otros productos para luchar contra la COVID-19, con el fin de que puedan fabricarse libremente.
La iniciativa, que se debatirá nuevamente en la OMC la próxima semana, es apoyada por muchos países en desarrollo, pero encuentra la oposición de las economías donde tienen su sede muchas de las grandes farmacéuticas (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Japón, Suiza, etc.).
«No entendemos por qué debe haber un monopolio en productos necesitados globalmente, por qué limitar la distribución de vacunas, y por qué tecnologías fundamentales deben estar en régimen de exclusividad», señaló De Carvalho en la rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas (ACANU).
Las farmacéuticas argumentan que deben recuperar las millonarias inversiones que han hecho para investigar las vacunas anticovid, aunque los representantes de las ONG aseguraron que gran parte del dinero lo han recibido de subvenciones públicas.
«Les dejan monopolizar los beneficios cuando han obtenido de los distintos gobiernos más de 93.000 millones de dólares, no sé qué más necesitan», afirmó al respecto K.M.Gopakumar, de la organización Third World Network.
El representante de MSF aseguró que los gobiernos han invertido más del doble de dinero que las farmacéuticas en vacunas, tratamientos y otras herramientas contra la pandemia, y señaló que esas compañías evitan desvelar cifras exactas sobre sus fondos de investigación «pues si lo hicieran, veríamos que no son las principales impulsoras de la innovación».
Los activistas recordaron también que muchos países dependen de las donaciones internacionales de vacunas anticovid organizadas por la red COVAX (apoyada por la Organización Mundial de la Salud) para lograr sus dosis, pero que incluso este brazo humanitario tiene menor poder negociador que los países más ricos.
«En Latinoamérica muchos países han enviado dinero a COVAX, pero no tienen aún información sobre cuándo van a recibir dosis, qué cantidades o a qué precio», lamentó De Carvalho.
