A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe o no la solicitud de consulta ciudadana de juicio a expresidentes, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, en caso de que ésta se rechace, presentará una reforma constitucional.
Reiteró que, contrario a lo señalado en el proyecto de sentencia del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, y que será discutido mañana, la consulta no violaría los derechos humanos de sus antecesores, ya que el objetivo es aplicar el Estado de derecho y, por ende, la presunción de inocencia.
“No hay violación de derechos humanos, no existe ninguna. En la pregunta que se solicita se apruebe se establece que en el caso de que se decida juzgar a los presidentes se actúe de conformidad a los derechos legales, que se aplique el debido proceso, esto es que los acusados tengan el derecho a la defensa y no se les violen sus garantías. Así de claro”, sentenció.
Manifestó que si por ese motivo la SCJN rechaza se lleve a cabo este ejercicio democrático no sólo lamentaría que el artículo 35 constitucional sea “una simulación, letra muerta”, sino que presentaría una reforma a éste para que no se cancele la posibilidad de llevar a cabo las consultas ciudadanas.
“Tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleven a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos como el referéndum, la revocación de mandato, los plebiscitos… De inmediato enviaría una iniciativa de reforma al artículo 35 para no cancelar esta posibilidad”, anunció en Palacio Nacional.
Llamó al Poder Judicial a ser responsable y a tomar en cuenta los sentimientos de la nación, por ello destacó que la decisión que la SCJN tome sobre el caso será de importancia para resolver si se pasa a una verdadera democracia.
Reiteró que el objetivo es demostrar que ya no hay impunidad, que se castiga a todos por igual y ya no hay privilegios como sucedía antes.
Al respecto recordó que en el sexenio anterior los ministros rechazaron una consulta ciudadana sobre la privatización de las industrias petrolera y eléctrica al justificar que se afectaban las finanzas públicas; no obstante, aclaró, fue la Reforma Energética, aprobada mediante sobornos, la que dañó al país.
“Fue vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior, cuando, luego de entrega de sobornos, se aprobó la Reforma Energética (…) los ministros dijeron que no procedía [una consulta], porque se afectaban las finanzas públicas, cuando lo que sucedió fue lo contrario: se aprobó y se afectaron las finanzas públicas”, dijo.
