El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes una iniciativa remitida al Senado para celebrar una consulta popular que decida si investigar y sancionar a expresidentes por sus «calamidades» y dar así la estocada a lo que él denomina «periodo neoliberal».
Estos son los argumentos esgrimidos por el mandatario para plantear una consulta en la que él mismo votaría «no» porque no apuesta por la venganza, pero que ha decidido impulsar con su nombre, apellidos y cargo ante el previsible fracaso de la campaña ciudadana de recogida de firmas.
1. CINCO SEXENIOS DE CALAMIDADES
El documento presentado este martes asegura que durante cinco sexenios se cometieron en México «prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho».
«Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada y procesos electorales viciados», según el escrito.
López Obrador atribuye en la iniciativa esos males a «un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular» orquestado de manera racional.
Eso ese tradujo, entre otras cosas, «en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza».
2. LOS MALES DE CADA PRESIDENTE
El documento implica a las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y de cada uno detalla los males que infirieron al país.
Durante el Gobierno de Salinas (1988-1994), fue «cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres» al mismo tiempo que «se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos».
Su predecesor, Zedillo (1994-2000), «continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias». La iniciativa destaca que «adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552.000 millones de pesos (26.200 millones de dólares actuales) en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998».
A Vicente Fox (2000-2006) lo acusa de intervenir «indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición», es decir, del propio López Obrador, quien sostiene desde entonces que se cometió contra él un fraude electoral en esos comicios de 2006.
El presunto beneficiado de ese fraude fue Felipe Calderón (2006-2012), señalado en el documento por «embarcar al país en una estrategia militar supuestamente orientada a ‘combatir el narcotráfico’ que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas».
La iniciativa no deja pasar la oportunidad de recordar que el secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, está detenido en Estados Unidos porque «era cómplice de una de las facciones del narcotráfico».
Por último, la carta de López Obrador señala a Peña Nieto (2012-2018) por recibir «grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial» y por su implicación en sobornos tanto en el caso Odebrecht como en la reforma energética.
EL CAMINO LEGAL DE LA INICIATIVA
La iniciativa llegó al Senado este mismo martes sobre las 11.00 horas (16.00 GMT), en el último día habilitado para que el Congreso reciba una propuesta de este tipo en un año previo a unos comicios federales como los que sucederán en junio de 2021, cuando habrá 15 gubernaturas estatales en juego y toda la Cámara de Diputados, entre otros miles de cargos públicos.
Precisamente, López Obrador plantea en el documento que la consulta para investigar y sancionar a expresidentes se dé el mismo día de esas elecciones, el 6 de junio.
Antes, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá recibir la iniciativa de manos del Senado y establecer tanto su constitucionalidad como la de su pregunta, que en este caso es la siguiente:
«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?»
Si eso ocurre, ambas cámaras del Congreso tendrán que aprobar por mayoría y sin modificaciones el dictamen emitido por la Suprema Corte para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque la consulta.
Por el contrario, si la Suprema Corte la considera inconstitucional, la consulta se archivará como asunto definitivamente concluido.
