La indignación dio paso al «olvido y la impunidad», denuncian familiares y abogados de las víctimas al cumplirse este 24 de agosto diez años de la masacre en México de 72 migrantes, en su mayoría latinoamericanos, que intentaban cumplir el «sueño americano».
Las fotografías de los cuerpos apilados de hombres y mujeres maniatados, con los ojos encintados y con disparos en la cabeza, conmocionaron al mundo. A pesar de ello, la Justicia mexicana sigue dando largas. Ninguno de los 15 detenidos por la masacre ha sido sentenciado todavía.
«Diez años pueden pasar, pero nosotros lo vivimos hoy como si fuera ayer. Es un dolor que no nos ha dejado. Lo que más queremos es que el caso se esclarezca, que se llegue a la verdad y a la justicia», expresó Guillermina Vega, madre de una de las víctimas, que se une clamor de las demás familias.
«Verdaderamente es indignante que ni uno solo tenga condena porque ya son diez años sin justicia», comentó desde Honduras Johni Hernández, hermano de Eva Noemí, una de las jóvenes asesinadas.
La mujer se había sumado a la peligrosa travesía hacia Estados Unidos para garantizarles un mejor futuro a sus tres hijos, que en aquel entonces tenían uno, cinco y siete años. Pero su cuerpo, al igual que el de las demás víctimas, fue encontrado en ese rancho en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, al noreste del país.
Así como Johni y Guillermina, hay otros cientos de personas que todavía lloran a sus familiares. Con indignación, los abogados que llevan el caso alegan que el desinterés y la falta de compromiso por parte de las autoridades ha sido el principal causante de que este domingo se cumpla una década sin que el caso haya obtenido Justicia.
Una conmemoración lejos de la verdad
Este sábado, en Ciudad de México unas cincuenta personas colocaron un monumento en el icónico Paseo de la Reforma para recordar a las víctimas de la masacre.
Hecha de metal, la escultura, lleva el número 72 con las leyendas «nadie es ilegal en el mundo» y «migrar es un derecho humano».
«Lo que puede resumir el estatus del caso es la impunidad, desdén y falta de voluntad política», asegura la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, que representa a 11 de las familias de las personas asesinadas.
Mirna Solórzano, madre de Glenda Medrano Solórzano, una víctima salvadoreña de la masacre, denuncia que ni el Gobierno de México ni el de El Salvador le han brindado apoyo.
«Nosotros siempre hemos querido que salga la verdad, que haya justicia y reparación. Hasta el momento, el Gobierno de México no nos ha dado una ayuda de nada, ni de palabra siquiera. Del Gobierno de El Salvador tampoco hemos recibido ninguna ayuda hasta el momento», dijo Mirna.
Un crimen anunciado
Para las familias, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de los hechos es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes. Para la Fundación Justicia, ese es otro aspecto que tampoco se ha investigado.
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, destino final de los 58 hombres y 14 mujeres originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.
Las autoridades mexicanas dicen que los migrantes fueron secuestrados por el cartel de Los Zetas y llevados a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse los mataron.
Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Cuando los verdugos se fueron, corrió unos 10 kilómetros hasta una base de la secretaría de Marina y dio aviso de lo ocurrido.
Nueve cadáveres todavía permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México aún sin identificar.
Agencias.
