El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó este lunes los tres escenarios que permitirían convocar a una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar a expresidentes por casos de corrupción. Además, no descartó solicitarla personalmente antes del próximo 15 de septiembre, fecha en que vencería el plazo legal.
«Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los presidentes», dijo López Obrador.
En su conferencia matutina, el mandatario explicó que durante el fin de semana revisó la Constitución y la ley vigente para conocer a fondo el proceso para solicitar una consulta ciudadana en la que decidir si se debe enjuiciar a expresidentes por casos de corrupción.
«Va a ser interesante que sepamos todos el procedimiento para la celebración de una consulta ciudadana, para preguntarle al pueblo. De acuerdo a la Constitución y la ley en la materia, solo se puede solicitar del día 1 de septiembre al día 15 de septiembre. Afortunadamente, o desafortunadamente, se está a tiempo. Porque legalmente no se podría solicitar después», explicó.
Los tres escenarios
Así, López Obrador planteó tres posibilidades para solicitar la consulta ciudadana:
- Que sea solicitada por el presidente de la República, para luego ser aprobada por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Que la consulta sea solicitada por una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos Cámaras del Congreso y avalada por la SCJN.
- Que la consulta sea solicitada por 2 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (alrededor de 1,6 millones de ciudadanos) y avalada por la SCJN.
En este sentido, el presidente indicó que lo ideal sería que los ciudadanos sean quienes se organicen y soliciten la consulta, que podría realizarse únicamente en dos fechas: durante las elecciones federales intermedias en junio de 2021 o el 1 de agosto de dicho año.
Sin embargo, reconoció que todavía hay algunas ambigüedades legales que se deben aclarar.
Por ello, reconoció que, en caso de que los ciudadanos no logren juntar las firmas necesarias para solicitar la consulta en un periodo menor a un mes, contempla que sea el Congreso el que apruebe dicha solicitud o, en última instancia, sea él mismo quien solicite la consulta como titular del Ejecutivo federal.
«¿La consulta va porque va?», preguntó una periodista durante la conferencia matutina. «Vamos a esperar», respondió el mandatario.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, la petición «podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda (…) a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral federal».
Los efectos del caso Lozoya
La semana pasada se dio a conocer la denuncia completa que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa a al menos tres expresidentes de México —Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari— de participar en una red de corrupción que saqueó al país a través de contratos otorgados mediante prácticas ilegales.
Tras darse a conocer los casos de corrupción, López Obrador dijo que prefería que los ciudadanos presentaran la consulta ciudadana para enjuiciar a sus antecesores, pues no quería ser considerado como «verdugo» de los exmandatarios. De momento, la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de ellos.
Sin embargo, el propio presidente se vio envuelto en una polémica de corrupción, luego de que se revelara un video de 2015 en el que su hermano, Pío López Obrador, fue captado recibiendo un sobre con dinero proveniente de David León, un exfuncionario de la actual administración federal quien durante el año en que se realizó la grabación fungía como consultor privado cercano al Gobierno de Chiapas.
Un asunto por el que se sospecha que el actual mandatario mexicano pudo recibir dinero desviado del erario chiapaneco para financiar su movimiento político de cara a las elecciones de 2018. Por ello, López Obrador pidió indagar el caso para descartar cualquier caso de corrupción dentro de su Gobierno.
