La Secretaría de la Marina (Semar) asegura que colabora con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para dar con los 27 desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo caso recogió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 36VG/2020.
En dicho informe, la institución que preside Rosario Piedra Robles señaló directamente a los marinos como posibles responsables de la desaparición forzada de estas personas en diversos eventos entre marzo y mayo de 2018; 12 de ellos aparecieron finalmente muertos en diversas fosas en Tamaulipas y Nuevo León.
“Actualmente ya se están realizando acciones en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de que las víctimas sean inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve con esta Dependencia a localizar de forma inmediata y presentación con vida de las mismas, o de ser el caso sus restos mortales, situación que realizará esta Institución en el esquema de las operaciones navales realizadas dentro de su jurisdicción y de las normas y disposiciones aplicables”, dijo en respuesta escrita la Semar a preguntas de Animal Político.
En su informe, la CNDH realizó varias recomendaciones y la Semar hizo público un tuit por el que aceptaba las indicaciones. A preguntas de este medio sobre cómo cumplirá con las víctimas, la Marina dice que se compromete con la búsqueda de los desaparecidos y que se coordinará con el gobierno de Tamaulipas y el municipio de Nuevo Laredo para llevar a cabo una disculpa pública tal y como viene reflejado en la recomendación.
Para ello, la Marina informó que ha designado al titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
Entre sus peticiones está que se “brinde la reparación integral del daño” que incluya una compensación para los familiares de las víctimas.
Además, la CNDH registró diversas recomendaciones directas hacia el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Entre ellas: colaborar con la queja que se interpondrá ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina contra los agentes que negaron las detenciones y ocultaron datos sobre los operativos; colaborar con la denuncia penal que se interpondrá ante la FGR; identificar a los oficiales que presuntamente ordenaron o participaron en los cateos ilegales y detenciones arbitrarias y se presenten los datos ante la FGR; así como girar la orden para que se graben todos los patrullajes y operativos, y capacitar en Derechos Humanos a los efectivos.
Este 28 de julio, la FGR mantuvo diversos encuentros con familiares de las víctimas. Sin embargo, estas quedaron decepcionadas ya que por el momento no se ha judicializado ninguno de los casos.
“Hay muchas irregularidades en la investigación”, dijo Jessica Molina, esposa de Daniel Trejo, que fue capturado por elementos de la Marina el 27 de marzo de 2018 cuando se encontraba en su casa de Nuevo Laredo. Ahí se encontraba también Gabriel Gaspar Vázquez, vecino de Oaxaca que buscaba trabajo en la frontera con Estados Unidos. Los dos fueron subidos en los vehículos por hombres uniformados y armados y desde entonces no se ha sabido de ellos.
“Se avientan la pelota de unos a otros y no explican por qué no se ha judicializado nada desde hace más de dos años. Argumentan que quieren armar bien los casos pero no hay avances”, dijo.
Raymundo Ramos, director de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo, que acompaña a las familias de las víctimas, denunció que la FGR se resiste a investigar a los marinos, presuntos responsables de la desaparición de 27 personas.
Según la recomendación, la propia Semar deberá ayudar a FGR a entregar los nombres de las personas responsables de aquellos operativos. Por el momento los marinos solo se comprometen a ayudar en la búsqueda de hombres y mujeres que ellos presuntamente hicieron desaparecer.
