Este jueves le colocaron al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, el brazalete electrónico en el tobillo derecho, con el cual permanecerá bajo vigilancia policíaca y deberá acudir a firmar el libro de procesados el próximo 1 de agosto en el Centro de Justicia Penal federal con sede en el Reclusorio Norte, ya que enfrenta dos vinculaciones a proceso por delitos de operación con recurso de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho.
Fuentes judiciales señalaron que la defensa legal del ex funcionario, acompañado por agentes ministeriales y un actuario, acudieron al Hospital Ángeles del Pedregal, donde Lozoya Austin es atendido por Síndrome de Barret y anemia. Ahí los trabajadores de la empresa le colocaron el dispositivo electrónico.
El miércoles, luego de una audiencia de casi 14 horas donde por segunda ocasión se le vinculó a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el abogado Miguel Ontiveros aseguró que el ex director de Pemex permanecería en el hospital privado hasta el sábado; sin embargo, esta fecha podría adelantarse.
Incluso reiteró que «el señor Emilio Lozoya está dispuesto a denunciar a quienes instrumentaron a las instituciones del Estado mexicano, personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, y en su momento lo dará a conocer con nombres, cargos, hechos y circunstancias que rodearon el aparato organizado de poder que se alejó del Estado de Derecho.
Luego de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el ex director de Pemex podrá salir del hospital donde se encuentra y alojarse en una vivienda en acuerdo con la FGR, a fin de continuar con las negociaciones para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante administraciones anteriores.
