El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la presentación oficial de denuncias en contra de 43 empresas factureras por lavado de dinero y defraudación fiscal de 55 mil 125 millones de pesos.
En la conferencia mañanera del presidente AMLO, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, explicó que las empresas facturerasdespegaron alrededor del año 2010. Su principal función es la venta de facturas falsas para la simulación de gastos de contribuyentes y la respectiva omisión en el pago correspondiente de impuestos por sus actividades.
De acuerdo con la funcionaria federal, las 43 empresas facturerasse involucraron con 8 mil 212 empresas y personas y simularon operaciones por 93 mil millones de pesos. Con dichas operaciones de simulación, el SAT dejó de percibir 24 mil 583 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, las empresas responsables del daño al fisco, que en su mayoría son «fantasmas», no pagaron su retención de ISR de 19 mil 146 millones de pesos, por lo que en total la autoridad hacendaria dejó de percibir 55 mil millones de pesos.
En su exposición, Buenrostro dijo que la estrategia del gobierno federal se concentrará en recuperar el ISR e IVA correspondiente a las empresas que contrataron los servicios de las factureras, debido a que la mayoría de los contribuyentes no eran conscientes del delito en que estaban incurriendo.
Recordó que muchas veces las facturas falsas sirven también para esconder el pago de sobornos, tráfico de drogas y otras actividades criminales.
El gobierno otorgará un plazo de 3 meses de gracia para la regularización de los contribuyentes en cuestión. En caso de no recuperar los recursos en cuestión, procederán por otra ruta legal.
Las 43 empresas factureras compartían tanto clientes como representantes legales y prestanombres. La denuncia se concentra en el ejercicio fiscal de 2017, pero el SAT revisará años anteriores una vez que se concrete el acercamiento con cada uno de los contribuyentes en cuestión.
«Se acabó la fiesta», advierte procurador fiscal
En su intervención, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, aseguró que «se acabó la fiesta» de la emisión de facturas falsas y reiteró la propuesta de conciliación del gobierno federal con los contribuyentes involucrados.
Explicó que por cambios a la Constitución impulsados por el actual gobierno federal, la defraudación fiscal puede imponer una pena de hasta 9 años de prisión, mientras que por lavado de dinero el castigo puede ser de hasta 16 años de cárcel. La autoridad también podría recurrir a la acusación de «amenaza a la seguridad nacional».
Empresas factuteras involucradas en fraude al SAT.SAT.
