El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó las medidas por las cuales la Secretaría de Energía emitió un decreto para devolver al Estado la rectoría del sector energético por encima de compañías privadas, luego de que la epidemia de covid-19 provocó una caída en la demanda de energía eléctrica.
En este sentido, el mandatario afirmó que su administración decidió intervenir para modificar las condiciones en que sus antecesores dejaron al sector energético, luego de que en 2014 los partidos de derecha aprobaron la reforma energética publicada en 2014, en la cual se otorgaron algunos «privilegios» a la inversión privada por encima del sector público.
«Se habían apoderado del sector energético, del sector petrolero
Y estaban conspirando para destruir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estamos poniendo orden. Necesitamos poner orden y que no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal», dijo López Obrador.
En este sentido, el mandatario explicó que tras la aprobación de la reforma energética, el Estado quedaba obligado a comprar de manera preferente, la energía eléctrica producida por inversionistas privados. Y ante la baja demanda provocada por la epidemia de coronavirus, esto implicaba que el Estado mexicano detuviera sus plantas de energía eléctrica para seguir beneficiando a las empresas privadas.
«En el Sistema Nacional de Energía se tenía que comprar primero la energía a los particulares, y parar las plantas de generación de la CFE. Si nosotros estamos garantizando que no se aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y que los particulares no aporten nada, que sigan con los mismos contratos leoninos», dijo López Obrador.
En este sentido, también criticó que algunos de sus antecesores terminaran trabajando para empresas trasnacionales de energía, en una clara alusión al expresidente Felipe Calderón, que en 2016 se integró al consejo de administración de una filial de la empresa española Ibedrola, la cual se benefició con la apertura del sector eléctrico mediante contratos otorgados por la administración de Calderón, incluso antes de la aprobación de la reforma energética.
«No soy gerente de una empresa, soy presidente de México», afirmó López Obrador.
Una medida que generó críticas entre algunos analistas y ambientalistas, quienes aseguran que dicha medida afectará la inversión privada en energías renovables.
El polémico decreto
El pasado viernes 15 de mayo, el Gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cual se abroga la «Política de Confiabilidad» establecida el 28 de febrero de 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
En dicha Política de Confiabilidad, que surgió como consecuencia de la reforma energética de 2014 —aprobada de manera conjunta por los partidos de derecha PRI y PAN— el Gobierno de Peña Nieto estableció una serie de criterios para que el Estado mexicano privilegiara la compra de energía eléctrica a particulares por encima de las plantas propiedad de la empresa estatal CFE.
De ahí que, ante la caída de la demanda de energía eléctrica durante la epidemia del coronavirus, muchas empresas privadas seguían recibiendo dinero mientras las plantas del Estado tenían que frenar la generación de electricidad para privilegiar a las compañías trasnacionales.
Esto provocó que el Gobierno de López Obrador (quien antes de ser presidente fue un férreo opositor a la reforma energética) decidiera intervenir mediante un decreto para retomar el control de un sector estratégico que había sido entregado gradualmente a empresas privadas.
Según datos oficiales, la CFE tiene el 56 % del mercado de electricidad en México mientras las empresas privadas manejan el 44 % restante.
De acuerdo con el Centro Nacional para el Control de la Energía, las empresas privadas de energía eléctrica que operan en México, pasaron de ser apenas 6 a 110 compañías, de 2016 a 2020.
En octubre pasado, Manuel Bartlett, director de la CFE, señaló ante el Congreso que el Estado mexicano está «subsidiando» al sector privado ante los bajos costos que pagan las empresas particulares por la transmisión de la energía eléctrica que producen.
«El Sistema Eléctrico Nacional no es de interés privado, es de interés nacional», señaló la secretaria de Energía, Rocío Nahle, este lunes en entrevista con Aristegui Noticias.
Las reacciones de Europa y Canadá
Tras la aparición del decreto, los Gobiernos de Canadá y la Unión Europea externaron su preocupación por las repercusiones que podría tener dicho decreto en empresas de dichas regiones.
La Embajada de Canadá en México alertó que la entrada en vigor del acuerdo pone en riesgo inversiones canadienses por 450 millones de dólares. En una carta dirigida la secretaria de Energía, el embajador canadiense Graeme Clark, señaló que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en el país.
