El 5 de septiembre de 2019 la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó un enfrentamiento con un grupo delincuencial en la colonia Valles de Anáhuac, donde mataron a ocho personas, cinco hombres y tres mujeres. Ellos no reportaron ningún herido.
Informaron que las personas con las que se enfrentaron portaban armas y vestían indumentaria tipo militar, con insignias de un cártel, así como la presentación de una camioneta con blindaje artesanal.
Ahora, dos meses después, Sara, Alejandra y Roberta —los nombres no son reales—, testigos del operativo, describen cómo seis de las personas que fueron asesinadas dormían como cualquier noche, cuando policías estatales y miembros del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (Caiet) entraron al domicilio en Héroes de Nacataz 6836, los golpearon, torturaron, los forzaron a subirse a camionetas.
Horas más tarde, sus cuerpos estarían a ocho kilómetros de donde las autoridades los sustrajeron con disparos en la nuca y espalda en la escena que las autoridades simularon un enfrentamiento.
“Alrededor de las 5–6 de la mañana. Estábamos dormidas y en eso abrieron la puerta y se metieron y nos dijeron: “tírense al piso”, luego nos tiramos al piso. “¿Dónde están las armas?”, y yo le dije que no sabía de qué estaba hablando. Y él me dijo, “saca las armas, no te hagas pendeja”. Y yo le dije, oiga, es que yo no sé de qué está hablando. Yo trabajo en un lavado y yo mantengo a mi pareja y el cuarto aquí me lo acaban de rentar. “No te hagas pendeja, si no hablas te vamos a matar”, le dijo un policía estatal a Sara.
En esa casa había al menos tres cuartos ocupados. Seis personas en el primero, todas murieron ese día. Eran tres mujeres y tres hombres. En el segundo departamento estaban Sara y Alejandra, que apenas llevaban viviendo dos semanas ahí. En el último estaba Roberta y sus dos hijas. Todas piden mantener sus nombres en secreto por temor a represalias.
“Estas personas (policía estatal) que iban vestidas de negro. Llevaban un arma larga y otra pequeña. Sí eran bastantes, pero en el cuarto nada más dos. Afuera había otros. Nos tenían boca abajo. En un minuto metieron a las otras tres mujeres -las mujeres del primer departamento-. Vinieron -Policía estatal- por la primera, dijeron que era la buena y se la llevaron y luego vino por la segunda.
Ahí empezaron a golpearla a lado de mí. Nunca prendieron la luz. Cuando yo quería mirar decían, “agacha la mirada o te voy a dar un chingazo”. Estaba escuchando que estaban pidiendo bolsas y que le estaban poniendo una y luego le pidieron un bate a otro policía y con ese le estaban pegando en la panza y con eso le estaban sacando el aire. Ahí a un lado de mí”, narra Alejandra.
A Sara, Alejandra y a Roberta los policías les pusieron cintos de plásticos en las muñecas. Mientras otros policías sacaban a las seis personas del primer departamento. Cuando Sara y a Alejandra lograron desamarrarse se pusieron solo unos tenis y salieron corriendo, ahí vieron a camiones de militares en la zona. Pararon a un taxi, le pidieron usar su teléfono y ahí se dieron cuenta que eran ya las 6:50. Roberta corrió con sus hijas hacia la calle. “Por qué hacer eso… si ya los tenían ahí porqué matarlos. No son perros para matarlos. Todavía fuera un enfrentamiento como decían, pero no fue eso”.
De la casa de Héroe de Nacataz se llevarían a las seis personas del primer departamento a una casa en Valle de Anáhuac, ocho kilómetros de distancia. El operativo ya llevaba a un civil más, ahora van siete. En esa casa vivía Kasandra, su hija de dos años y su padre Severiano. Las autoridades estatales simularían un enfrentamiento donde la octava víctima fue el habitante de ahí.
Ramón, grullero de tránsito de Nuevo Laredo recibiría la orden de mover una camioneta a la casa de Valle de Anáhuac y dejarla en un ángulo que pareciera una persecución. Las autoridades balearían la camioneta para simular un enfrentamiento. Ahí pondrían un cuerpo y los otros siete dentro de la casa. Los cuerpos presentan tiro en la nuca y espalda.
PARA DESTACAR
La Sedena reconoce que estuvo en el operativo realizado por las autoridades estatales con una participación perimetral y que a la distancia en que estaban, 200 o 300 metros, no vieron nada.
La CNDH inició sus investigaciones desde septiembre y ya se encuentran en la parte final. Han podido hablar con miembros del grupo especial, policía estatal y Sedena.
