Frente a «la incapacidad» de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para resolver los asesinatos de migrantes que aparecieron en fosas clandestinas en Tamaulipas, los familiares de las víctimas exigieron al actual gobierno federal la creación de una Unidad Mixta de investigación dentro de la Fiscalía General de la República, en la que coadyuven expertos, para alcanzar verdad y justicia.
Como parte de las acciones para conmemorar el noveno aniversario de la llamada Masacre de San Fernando, donde se hallaron los cuerpos sin vida de 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, esta tarde se realizó una reunión de seguimiento de la Recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2013 por ese caso.
Con la presencia de funcionarios federales, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, Johnny, hermano de una mujer víctima en aquellos hechos preguntó: «¿Cuánto tiempo es suficiente para tener justicia?».
Asistentes al encuentro, que fue privado, indicaron que el subsecretario Encinas dio el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para resolver el caso, que se dio en agosto de 2010, bajo el gobierno de Calderón Hinojosa.
«Queremos ir cerrando las heridas abiertas que aún están en nuestro país, manifestamos nuestra voluntad para coadyuvar a que se cumpla la recomendación 80/2013 (de la CNDH) y la creación de la Unidad Mixta de Investigación para el caso de la masacre de los 72», expresó Encinas.
Ángela Lacan, procedente de Guatemala, perdió a su esposo, a su hija y a su hijo en esa masacre. «Me entregaron los cuerpos, pero no estoy segura de que éstos sean de ellos». Por ello, durante la reunión -promovida por el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez- se planteó también la necesidad de que se hagan nuevas exhumaciones a los cuerpos en los que hay dudas, y que este proceso cuente con «incidencia de alto nivel diplomático».
El objetivo de las familias y de las organizaciones que las han acompañado es que la Unidad Mixta de la FGR no sólo resuelva el caso de los 72, sino otras masacres de migrantes suscitadas en el país, como en el propio San Fernando, donde ocho meses después se hallaron 47 fosas con 195 restos; y la de Cadereyta, Nuevo León, con el asesinato de 49 personas en 2012.
Al finalizar la reunión, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, una de las organizaciones acompañantes, señaló que la intención es que en la Unidad Mixta además del personal de la FGR, se sume un equipo multidisciplinario de académicos universitarios y el acompañamiento de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Dijo que también habló de la reparación del daño para las familias, y cómo a partir de procesos burocráticos y una interpretación «restrictiva de la ley» las pasadas administraciones argumentaron que no se puede concretar ese proceso, porque las víctimas no viven en México.
La Jornada
