Ocho médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fueron denunciados en 2012 por presunto abuso de autoridad –en sus modalidades de violencia contra una derechohabiente sin causa legítima, e indebida negación de servicio–, lograron evitar el juicio penal respectivo, gracias a que la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dejó pasar siete años sin realizar ninguna acción judicial en su contra, por lo cual, los delitos que se les imputan quedaron prescritos.
Así lo resolvió el pasado 28 de febrero de 2019 la juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Karla Montes Ortega, quien destacó en su resolución que para evitar la prescripción, el Ministerio Público debió haber realizado al menos un trámite judicial relacionado con el caso en los primeros cuatro años transcurridos desde que fue presentada la denuncia, lo cual no ocurrió.
De hecho, las primeras acciones formales de investigación fueron emprendidas por las autoridades federales hasta 2018, es decir, seis años después de recibir la denuncia, y dos años después de que prescribió su facultad para ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables.
La juez subrayó que en este caso aplica la prescripción, debido a que la autoridad responsable de investigar los delitos no hizo nada por siete años, y “es inadmisible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos”.
En el caso de estos ocho médicos, la juez determinó que el Ministerio Público federal incurrió en “ineficacia de acción persecutora, lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado”.
Además, la juez destacó que esta resolución “más que un beneficio para los citados inculpados”, debe ser entendida como “una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad o deficiente actividad”.
Cabe destacar que, aunque la juez califica su resolución como una sanción para el Ministerio Público federal, en realidad no estipula ningún castigo para los funcionarios de la entonces PGR, que no hicieron nada en siete años para reunir pruebas contra los médicos, y procesarlos penalmente en los tiempos que marca la ley.
Todos esos funcionarios de la PGR siguen siendo parte de la institución, hoy denonimada Fiscalía General de la República.
La víctima
El 9 de junio de 2010, la derechohabiente Rebeja Jiménez López acudió al Hospital General de Ortopedia, para dar seguimiento a un tumor detectado dentro de su columna vertebral.
En este hospital fue atendida por un médico quien, según la denuncia penal presentada, descartó cualquier tratamiento para el padecimiento y le aclaró a la paciente “que debía evitar moverme y, sobre todo, que no acuda a consulta porque el tumor se puede reventar en cualquier momento y sólo lograría ensuciar el piso con mi sangre”.
Durante los siguientes tres años, el tumor dentro de la columna vertebral creció, presionando la médula espinal de Rebeca, lo que le provocó dolores permanentes en la espalda (que no le permiten estar acostada ni sentada) y afectó la motricidad de una de sus piernas.
Además de negación del servicio médico, la denuncia penal sobre la que la PGR no hizo nada en siete años, también describe agresiones verbales, amenazas, humillaciones y agresiones físicas en contra de la derechohabiente, como la ocurrida en 2012, cuando a raíz de una protesta verbal por los abusos sufridos, otra doctora “me dijo que de ella dependía que yo siguiera tragando, y (para probarlo) me suspendió el subsidio de incapacidad por un año”.
Según la denuncia, no fue la única vez que recibió ese tipo de insultos.
El 13 de junio de 2013, por ejemplo, un doctor del área de Medicina del Trabajo del IMSS se burló de la desesperación de los padres de la paciente, exigiéndoles “que nos tomemos un té de tila porque de ellos (los médicos) depende que sigamos tragando”.
Luego, señala la denuncia, ante la protesta de la derechohabiente por esa forma de referirse a sus padres, el mismo médico “burlándose me dice que me va a quitar lo mentirosa”.
Seis meses después, describe la denuncia, el 13 de diciembre de 2013, nuevamente Rebeca debió acudir al IMSS, ante una crisis de dolor, y ahí otro de los médicos involucrados en el caso rechazó atenderla, bajo el argumento de “que no tengo nada, que solamente quiero estar en mi casa sin hacer nada, que no necesito la pensión, que me ponga a trabajar”.
Según la denuncia penal analizada por la juez, este médico luego prendió por los brazos a la paciente con tumor en la columna “y me sacude, y cuando le digo que produce dolor, se ríe y quiere obligarme a hacer sentadillas y caminar de puntitas y talón, y cuando le digo que no puedo, me dice que necesito ir al loquero”.
La lista de insultos denunciados por la paciente es larga: una doctora por ejemplo, le dijo que tenía “órdenes de darme de alta, y que no se me olvidara que estaba haciendo el favor de atenderme, y que si no me gustaba la atención del IMSS, pagara un médico privado, a ver si me alcanzaba”; otra doctora, según la denuncia, se burló de la paciente afirmando “que tenía yo una enfermedad muy grave y que pronto iba a morirme”; y otro médico le advirtió que “mi salud y atención médicas jamás serán adecuadas, que lo lamenta, pero él solo sigue órdenes, y que si yo sigo acudiendo a consulta, voy a recibir siempre malos tratos”.
Y así fue, hasta el día de hoy, a una década de que el tumor en la espalda de Rebeca fue detectado, el IMSS no ha hecho nada para retirarlo, aún cuando ya fracturó las vértebras dentro de las cuales crece, volviendo aún mas grandes el dolor y las alteraciones motrices en la paciente.
Según la juez Karla Montes Ortega, decretar la extinción de la responsabilidad penal de estos médicos es una adecuada “sanción” para la autoridad, por su incompetencia en este caso.
La juez, sin embargo, no se pronuncia por la sanción que dicha decisión representa, en contra de la víctima.
