En México las víctimas se multiplican, pero los apoyos no. Pese a que el registro oficial de personas que han sido víctimas de un delito ha crecido casi 700 por ciento en cuatro años, la comisión diseñada para atenderlos padece la eliminación del 30 por ciento de su personal, recortes de presupuesto, desaparición de áreas y la pérdida de ingresos en el fondo de apoyo.
Datos oficiales recabados por Animal Político, vía una solicitud de transparencia e información enviada a la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), confirman que la dependencia ha tenido incluso que reorganizar su personal para “optimizar” el dinero con el que se cuenta.
Sin embargo, abogados de víctimas dicen que la falta de recursos no es el único problema. Acusan que en la Comisión priva la desorganización, lo que genera una atención lenta, burocrática o de plano inexistente, que orilla a las víctimas a litigar no solo contra los delincuentes, sino contra la propia CEAV.
La Comisión comenzó a funcionar en 2014 en sustitución de la entonces Procuraduría de Atención a Víctimas. Una de sus funciones centrales es la conformación del Registro Nacional de Victimas, a partir del cual las víctimas tienen la posibilidad de solicitar y recibir apoyo económico o de otro tipo.
El primer año el Registro cerró con 2 mil 10 víctimas inscritas. Para 2015 se sumaron 3 mil 378 más. En 2016 la cifra de inscritos continuó al alza con 3 mil 872, y en 2017 ascendió a 4 mil 839 víctimas inscritas. Y de enero a julio de 2018 la cifra de nuevas víctimas ascendía ya a 2 mil 459.
Lo anterior significa que, en cuatro años, el total de víctimas se ha multiplicado, al pasar de poco más de 2 mil en 2014 a más de 17 mil en 2018. Es un incremento del 690 por ciento.
Pero aun cuando el número de víctimas es cada vez mayor, los recursos y capacidades de la CEAV no solo no se ha incrementado proporcionalmente, sino que hay casos en los cuales la institución se ha debilitado. A continuación cinco ejemplos clave:
- El Fondo de Ayuda: con menos ingresos
El Fondo de Ayuda, de acuerdo con la Ley General de Victimas, reúne los recursos del Estado para reparar el daño causado a las víctimas de un delito o de graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas pueden acceder al mismo de forma subsidiaria, y tras un proceso de solicitud y evaluación que marca la referida norma.
Con el incremento en el número de víctimas también han subido las solicitudes de apoyo. La información proporcionada muestra que, hasta la fecha, más de 3 mil personas (la sexta parte de las víctimas en el Registro Nacional) han recibido algún apoyo económico del fondo.
Pero los datos también muestran una caída significativa en el dinero que el gobierno destina al Fondo en los últimos dos años.
Mientras que de 2014 a 2016 los ingresos anuales destinados al Fondo crecieron de 489 a casi 560 millones de pesos, para 2017 el presupuesto cayó a solo 89 millones de pesos, y en 2018 bajó hasta los 78 millones de pesos. Esto, pese al alza del número de víctimas que podrían beneficiarse del mismo.
Cuestionada sobre este punto, la CEAV confirmó la caída de los ingresos en los últimos dos años. Dijo que esto se debe a que existe una condición para que el gobierno destine dinero al Fondo, y consiste en que su patrimonio total sea inferior al 0.014 por ciento de todo el gasto programable del gobierno para el año fiscal en curso. Y como dicho patrimonio no ha caído por debajo de ese piso, se suspendieron los recursos destinados al mismo.
En 2017 y 2018 el fondo ha tenido como principal fuente de ingresos solo los intereses que generan sus cuentas bancarias. Las donaciones altruistas son otra fuente de ingresos, pero en ningún año se reporta alguna aportación de este tipo.
- El presupuesto estancado
En la mayor parte de su periodo de existencia la Comisión Ejecutiva se ha mantenido con un presupuesto similar, pese al potencial incremento en la demanda de sus servicios. Inició con 401 millones en 2014, subió a 432 millones de pesos al año siguiente, pero en 2016 tuvo un recorte a 431 millones
Para 2017 el presupuesto de la CEAV incluso se redujo aún más, a 418 millones de pesos, y en 2018 se elevó a 482 millones de pesos.
Si se compara el primer año de la CEAV (2014) con el año actual, el presupuesto de la dependencia creció 20 por ciento. En ese mismo lapso el número de víctimas en el Registro nacional se ha elevado 690 por ciento.
- Especialistas y apoyos sin crecimiento
La Comisión de Víctimas arrancó con 345 especialistas en su oficina de Primer Contacto y Atención Inmediata, que es el área a través de la cual se brinda la orientación y asesoría inicial a las víctimas, tanto en temas legales como de salud. Entre esos especialistas hay abogados, doctores, trabajadores sociales y psicológicos.
Cuatro años después, la Comisión reporta un personal muy similar: en total 383 especialistas, lo que representa un crecimiento de 11 por ciento en cuanto a estos recursos humanos. Esto pese a que la proporción de victimas a atender hoy es siete veces mayor.
Peor: los datos muestran además una tendencia a la baja en el número de atenciones proporcionadas por los especialistas en las oficinas centrales de la Comisión. Mientras que en 2014 fueron 1 mil 145 víctimas atendidas, para 2015 el registro ascendió a 2 mil 873. Pero en 2016 los beneficiarios bajaron a 2 mil 107, y un año después a menos de la mitad de eso: 955 víctimas atendidas.
La comisión también proporcionó datos de atención a víctimas en distintos estados, aunque los números no reflejan un esfuerzo uniforme.
Por ejemplo, hay entidades como Chiapas en donde se reporta a cero víctimas atendidas en cinco años, pese a que sí se reporta la contratación de especialistas como abogados y doctores. Hay otros, como Jalisco, donde sí se reportan atenciones pero van a la baja: de 204 víctimas atendidas en 2014 a solo 156 en 2017, una reducción del 23 por ciento.
El Estado de México es la entidad con la mayor población y por ende con la proporción más grande de víctimas de delito, pero la delegación de la CEAV no reporta ni una sola víctima atendida de 2014 a 2017. Es apenas en 2018 donde se reporta la atención a 59 personas.
- Los comités especiales… desaparecieron
Cuando se aprobó la Ley General de Víctimas en 2013 se planteó que la CEAV tendría, por lo menos, nueve comités especiales para brindar una atención enfocada a víctimas de un perfil específico de delito. Entre estos comités especiales se encontraba, por ejemplo, el de víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia sexual, víctimas de trata, víctimas de tortura, víctimas de homicidio, entre otros.
Sin embargo dichos comités ya no existen. La Comisión indicó que se determinó su desaparición derivado de los ajustes presupuestales. En la reforma a la ley General de Víctimas de 2017 fueron removidos. En lugar de ello, según la CEAV, se fortaleció la presencia en 16 delegaciones estatales.
Cabe señalar que, de acuerdo con abogados que han llevado casos de víctimas ante la CEAV, y que se detallan más adelante, la existencia de los comités especiales tampoco era garantía de una atención profesional.
- El personal: 6 de 7 comisionados fuera y recorte del 30% de empleados
Cuando la CEAV entró en operaciones estaba encabezada por un Pleno integrado por 7 comisionados ejecutivos, y sus decisiones en varios aspectos eran colegiadas. Así lo marcaba la Ley General de Víctimas aprobada un año antes por el Congreso. Los comisionados eran Olga Noriega, María del Rosario Torres Mata, Jaime Rochin, Carlos Ríos Espinosa, Susana Pedroza de la Llave, Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros.
Pero con el paso del tiempo dichos comisionados fueron renunciando y no fueron reemplazados. Algunas comisionadas como Noriega, Torres Mata y Pedroza de la Llave, se fueron denunciando mal funcionamiento de la comisión, desorganización, decisiones arbitrarias y reformas que le restaban autonomía.
En la reforma a la Ley General de Víctimas de 2017 desapareció el pleno de comisionados de la CEAV, y se estableció la existencia de un solo comisionado ejecutivo, cargo que quedó en la persona de Jaime Rochín.
La CEAV informó a Animal Político que, además de lo acontecido con la reducción de comisionados, también se tuvieron que eliminar un 30 por ciento de los puestos de estructura del organismo, esto debido a lo que se denominó “recortes presupuestales aplicados en el sexenio”.
Postura de la CEAV: reorganización y búsqueda de más dinero
En un oficio proporcionado a este medio a través de su área de comunicación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas confirmó el trabajo de reorganización que se ha tenido que llevar a cabo en los últimos años, como respuesta a los recortes presupuestales decididos desde la Secretaría de Hacienda, así como por las reformas legales que se han implementado.
La CEAV subrayó que cada año, cuando se elabora el presupuesto, se han solicitado más recursos para incrementar a su vez el número de plazas, lo que no se ha materializado.
“Dejando a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en espera de la aprobación del anteproyecto para el incremento de sus recursos en el próximo año fiscal”, señaló el organismo.
Pese a lo anterior, la institución sostiene que se ha conseguido ampliar la presencia y cobertura de la Comisión en los estados, al fortalecer las delegaciones estatales que antes operaban con menos insumo o que de plano eran inexistentes. Esto “optimizando” el dinero, sin recurrir a mayor gasto.
“La desaparición de los Comités y el recorte presupuestal propició reubicar plazas y reforzar otras Unidades Administrativas de la Comisión, lo que ha permitido optimizar el personal con que se cuenta y que no implique algún impacto presupuestal”, señaló la CEAV.
Impera desorden e ineficacia: abogadas
Animal Político entrevistó a dos abogadas especializadas en la defensa de personas que han sido víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos, y que han trabajado casos que han implicado buscar el apoyo de la CEAV. Ambas concuerdan que dicha comisión trabaja de forma desordenada, que es ineficaz y que incluso revictimiza a las personas que debería apoyar.
“Opera con muchas irregularidades (la comisión), no se apegan a los procedimientos ni a los tiempos que para los efectos establece la Ley. Son muy irregulares, muy negligentes. Ha habido casos en los que, para que la víctima pueda obtener su reparación después de un tiempo en que ya llevas promoviendo e iniciaste procedimiento, y no te emiten una resolución, no te queda de otra que promover un amparo”, dijo la abogada Reyna Velasco.
Velasco ha tenido que litigar en contra de la CEAV debido a lo que ella califica como una actuación “negligente” e “ilegal” al atender las solicitudes de apoyo de las víctimas. La abogada detalla que, de acuerdo con el artículo 148 de la Ley General de Víctimas, la comisión debe resolver en un plazo no mayor a 20 días una solicitud. Pero eso no ocurre así.
“Yo llevo dos casos de víctimas de secuestro donde hemos tenido que recurrir al amparo, pues pasan los meses sin que avance. En uno incluso ya lo ganamos pero la CEAV interpuso un recurso de revisión argumentando que no ha sido omisa (…) pero al revisar el expediente te das cuenta que pasan largos periodos de tiempo sin que hagan algo. Incluso en un caso perdieron sus evaluaciones”, dijo.
En ese contexto, Velasco consideró que más allá de la falta de personal y recursos, impera mala organización.
La abogada del Centro Acción por los Derechos Humanos, Karla Salas, dijo que la CEAV que hoy existe “es una caricatura” respecto a la institución que originalmente se planteó en la ley de 2013. Al igual que Velasco, Salas ha trabajado casos donde los apoyos o no llegan o se tardan mucho, lo que implica que las víctimas tienen que pelear legalmente no solo con los delincuentes, sino con la comisión que debería estar de su lado.
“Se ha diseñado un proceso burocrático, lleno de trabas legales que a las víctimas les genera no solo procesos de revictimización sino de violencia ejercida por la institución que, paradójicamente, debería atenderlas (…) La gran mayoría de las víctimas tienen que litigar con la CEAV primero para ser ingresada en el Registro, que tampoco les garantiza nada pero que es el inicio del peregrinar en un proceso inentendible para cualquier persona”, dijo.
En ese contexto Salas consideró que el actual comisionado de la CEAV, Jaime Rochín, al que le resta un año en el cargo, debería presentar su renuncia ante lo que consideró como “resultados mediocres”, y que en lugar de ello se convoque a un proceso público donde se elija a una persona con un perfil tanto de apoyo a las víctimas así como de defensa de los derechos humanos.
“No podemos seguir con esta visión de crear un organismo solo para tener calladas a las víctimas, sino que debemos pensar en una instancia donde se reconozca a ellas como sujetos plenos de derechos”, dijo la abogada.
