En vilo. Así quedó ayer la propuesta de Morena de llamar a comparecer ante el Senado a Rosario Robles, y a otros funcionarios públicos, por los presuntos desvíos millonarios durante su gestión en Sedesol y Sedatu.
Ayer martes, la senadora morenista Gaudalupe Covarrubias presentó ante el pleno del Senado el punto de acuerdo parar crear una comisión especial que investigue, además de los casos de Sedesol y Sedatu, los desvíos por más de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias del gobierno federal, a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.
El punto de acuerdo, que también incluye llamar a comparecer para dar explicaciones de esos desvíos a Eviel Pérez, actual titular de Sedesol, y a seis funcionarios clave en la procuración de justicia en el país, como el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, llegó al pleno con carácter de “urgente” y de “obvia resolución”.
Lo anterior significa que los senadores de Morena pedían que el punto fuera votado ayer mismo para que, en caso de ser aprobado por el pleno, arrancara de inmediato el proceso para llamar a comparecer a Rosario Robles y al resto de funcionarios.
“Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude”, condenó la senadora Covarrubias desde la alta tribuna del Senado.
Morena, que tiene mayoría en esa cámara, y que además fue la autora del proyecto, tenía todo a favor para que se votara el punto de acuerdo. Sin embargo, sus propios legisladores decidieron dar un paso atrás, y acordaron no votarlo para mandarlo a la comisión de justicia.
“Informo a esta asamblea que, aún y cuando se solicitó al principio este punto como de urgente resolución, los proponentes han pedido que se turne a la comisión de justicia”, dijo Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado, y también senador de Morena.
La decisión de los senadores de enviar el proyecto a comisiones se da, precisamente, un día después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegurara que no reciben ‘línea’ del líder del partido y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien, a su vez, hace tres días calificó como “un circo” las acusaciones en medios en contra de Rosario Robles; de quien llegó a decir que se trata de “un chivo expiatorio”.
El laberinto
Ahora bien, ¿qué implica que el punto de acuerdo se turne a comisiones?
Lo primero es que el proyecto perdió el carácter de ‘urgente’. Por el contrario, se optó por el camino más largo y ‘laberíntico’: discutir en comisiones el punto de acuerdo, para ver si se aprueba tal y como está ahora mismo, si se modifica en algunos puntos, o si de plano se manda a la ‘congeladora’. Luego, discutir la elaboración de un dictamen. Luego turnarlo al pleno del Senado y discutirlo. Y, por último, turnarlo a otra discusión en la cámara de diputados.
Este camino, además, tampoco garantiza que Robles y el resto de servidores públicos pisen el Senado, puesto que ahora entrará en juego la política y las negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios.
Por otra parte, la comisión de justicia a la que fue turnada el proyecto de Morena ni siquiera está integrada. Será hasta mañana jueves cuando se conocerá quiénes son los senadores que la forman, y quién la va a dirigir.
Este punto, precisamente, será clave en la suerte del proyecto, porque el presidente de la comisión tiene la facultad para decidir la agenda de dicha comisión.
Es decir, elegirá qué tema se discute y cuál es prioritario y cuál no. Y, aunque no tiene voto ponderado, su postura política también puede ser determinante a la hora de impulsar una iniciativa, o para dejarla por tiempo indefinido en la congeladora.
También importa quiénes serán los senadores de la comisión, porque, aunque no deciden la agenda, sí pueden presionar –o no- a la presidencia para que un proyecto sea tratado –o no- con mayor celo y celeridad.
Puesto que Morena tiene mayoría en el Senado, es muy probable que el presidente de la comisión de justicia sea un senador morenista, y, por lo tanto, afín al proyecto de su partido.
Pero hay que tener en cuenta dos puntos: uno, el punto de acuerdo se turnó a la comisión de justicia de manera provisional, puesto que aún no están integradas las comisiones. Es decir, todavía se podría optar por mandarla a otra comisión ordinaria –tal vez a la de ‘anticorrupción’, si es que finalmente se integra-. Y dos, en pleno arranque de legislatura, las negociaciones políticas entre los partidos están en su máximo punto de ebullición, y la comisión de justicia es de las más cotizadas en el Senado. Por lo que habrá ‘jaloneos’ muy fuertes para conquistarla.
Pese a este ‘laberinto’ de posibilidades, la senadora de Morena, Maribel Villegas, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Senado llame a Rosario Robles y al resto de funcionarios que propone el proyecto.
Incluso, advirtió que “está la puerta abierta” para que se llame a más secretarios de estado implicados en los desvíos.
“No va a haber borrón y cuenta nueva. Si bien es cierto que el Senado no es un tribunal de justicia, el objetivo es que esta Estafa Maestra millonaria no se eche en saco roto. Por eso, estaremos citando desde la comisión de justicia a estos funcionarios, para que respondan a la pregunta de a dónde fueron a parar los recursos millonarios”, aseguró la senadora.
Y la reforma de ley… pendiente
Por otra parte, la reforma al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, prevista para ser votada este martes en el Senado también se turnó a comisiones y ni siquiera entró a discusión en el pleno.
La propuesta, presentada también por la bancada de Morena con mayoría en la Cámara de Senadores, pretendía obligar a los titulares de las dependencias a firmar los convenios que permiten evadir las licitaciones y que abrieron la puerta a los desvíos millonarios en las dependencias Federales.
La Ley de adquisiciones permite a entidades de gobierno a hacer convenios entre sí bajo el supuesto de evitar burocracias para brindar ciertos servicios. Por ejemplo, que una dependencia encargara un estudio de impacto ambiental a alguna institución especializada.
La parte contratada puede subcontratar a terceros hasta por 49% de los recursos que recibe. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron esta disposición y subcontrataron a empresas por más del 90%.
Después de darse a conocer el esquema de desvíos, Rosario Robles, titular de la Sedatu, por ejemplo, aseguró que mientras ella dirigía la Sedesol (una de las dependencias que utilizaron este sistema) no había firmado ninguno de los convenios de este tipo. Por lo tanto, se ha declarado inocente.
La propuesta de reforma justamente intentaba poner otro candado para que, al menos, los titulares de las dependencias se hicieran responsables de este tipo de contrataciones, pero no pasó por ahora.
Mientras esto ocurría en el Senado, en la Cámara de Diputados no existe ninguna estrategia para llamar a cuentas a los implicados en este sistema de desvío, más que la comparecencia de Rosario Robles, pero como parte de la glosa del último informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, aún no está definido si lo haría ante el pleno o ante comisiones, porque éstas ni siquiera están constituidas, ni tampoco se ha definido en la fecha en la cual la secretaria acudiría.
Para el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, José Gallardo, es más importante que el tema sea llevado a los cauces legales. Es decir, que la PGR investigue y determine la responsabilidad de Robles o, en su caso, inocencia y que el tema no sea “politizado” en los medios de comunicación.
En tanto, el panista Carlos Castaños, recomendó a la secretaria a acudir “bien preparada” a la glosa del informe, toda vez que será cuestionada sobre los presuntos desvíos.
Además, consideró que al tratarse de un sistema de corrupción y para evitar la repetición de este tipo de actos de corrupción deberían concretarse más reformas y no sólo la Ley de adquisiciones a nivel federal.
“Estoy de acuerdo en que los primeros responsables de la firma y los procesos administrativos, pero es un paso. No creo que pueda resolver el problema de fondo. Hay una serie de reformas también a nivel de los estados y municipios”, dijo Castaños.
