En contenedor con hasta un centenar de cadáveres fue abandonado en dos ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco y ahora es resguardado por la Fiscalía General de Jalisco, confirmaron fuentes de la dependencia.
De acuerdo con las versiones de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el tráiler frigorífico contiene entre 80 y 100 cadáveres no identificados de víctimas de hechos delictivos que no cabían en la morgue estatal.
El contenedor estuvo abandonado por varios días en una finca sin permisos municipales en la colonia la Duraznera, en Tlaquepaque. Fue resguardado por policías estatales hasta que fue encontrado por inspectores de Obras públicas del ayuntamiento, según dio a conocer la alcaldesa de la localidad, María Elena Limón.
Limón denunció a medios locales que tanto el secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, Roberto López, como el titular del IJCF, Luis Octavio Cotero, sabían de la existencia del frigorífico y que este último le aseguró que la dependencia estaba «rebasada» para albergar los cadáveres.
Debido a la presión de la presidenta municipal, el gobierno del estado retiró el tráiler y lo llevó a un predio abierto detrás de unas casas en la colonia Paseos Del Valle, en Tlajomulco, donde los vecinos se quejaron de los olores fétidos y de que del vehículo salían chorros de sangre.
Cotero afirmó que la Fiscalía es la responsable de resguardar dicho contenedor y desmintió que en su interior haya 157 cuerpos, como lo han difundido medios locales, sino que son aproximadamente «la mitad de esa cantidad».
Fuentes de la Fiscalía estatal confirmaron a EFE que el contenedor se encuentra en una bodega propiedad de la dependencia, aunque no precisaron qué pasará con esos cuerpos o hasta cuándo estarán en ese lugar.
El secretario general de Gobierno de Jalisco explicó que el contenedor fue dejado en el lugar a la espera de la construcción de un «campo experimental forense» en el municipio de Tonalá, donde el gobierno estatal pretende tener nichos para inhumar y cremar hasta 700 cadáveres no identificados.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por los hechos y recordó que el 21 de marzo pasado emitió una recomendación en la que pide al gobierno estatal tener un cementerio forense para los cadáveres que son resguardados por la autoridad ministerial.
«La CEDHJ pidió al IJCF que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, establezcan un cementerio forense para realizar, conforme a los protocolos correspondientes, las inhumaciones» de aquellos cuerpos que aún no han sido identificados por sus familiares, señaló el organismo en un comunicado.
Advirtió que la autoridad debe asegurarse de que, antes de la inhumación, deben estar «debidamente tomados y capturados los registros de datos completos y correctos, incluyendo los perfiles genéticos de ADN».
