El 14 de noviembre de 2014 desapareció José Luis Hernández Gazpar, un exbracero de 36 años de edad, quien nueve meses antes había vuelto a México, y a su natal Guerrero, con la esperanza de subsistir, junto con su esposa e hijos pequeños, de la producción y venta de queso.
José Luis iba a bordo de un taxi junto con otros tres pasajeros cuando dos camionetas negras les cerraron el paso.
Diez hombres armados bajaron de las camionetas y, a golpes, obligaron a los cuatro pasajeros del taxi a irse con ellos.
Horas más tarde, tres de los secuestrados volvieron a su pueblo, Xochipala, en el municipio de Zumpango del Río, pero José Luis no volvió.
Los sobrevivientes narraron que luego de ser conducidos por sus captores a la sierra de Filo Mayor, fueron puestos en libertad en las inmediaciones de la comunidad La Laguna, con excepción de José Luis, a quien los secuestradores mantuvieron retenido.
Aunque el rapto fue denunciado inmediatamente después de que la familia tuvo conocimiento de los hecho, ninguna autoridad salió en busca de José Luis.
La única persona abocada a su localización fue su hermano, Juan Carlos, quien volvió desde Estados Unidos, donde radicaba, para emprender la búsqueda.
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Un año después de que Juan Carlos inició el rastreo de su hermano, en diciembre de 2015, sus propias investigaciones le permitieron encontrarlo, aunque muerto, entre una alfombra de decenas de cadáveres acumulados a lo largo de la pendiente de una barranca, ubicada en la zona conocida como Curva de La Virgen, en las cercanías de Chilpancingo, la capital de Guerrero.
Juan Carlos dio aviso de su hallazgo a la Fiscalía General del Estado, advirtiéndoles que en el lugar había, según sus cálculos, alrededor de 60 cuerpos, pero no obtuvo respuesta.
Luego, Juan Carlos acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR), que ordenó a un grupo de agentes acudir al lugar, acompañados por elementos de la Marina.
Como Juan Carlos, otros familiares de personas desaparecidas que realizan búsquedas por cuenta propia también se sumaron a las labores.
A cargo del operativo iba Edmundo Meraz Mireles, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidos de la PGR.
El operativo para el rescate de los cuerpos oficialmente inició el 7 de diciembre de 2015, sin embargo, ese día sólo inspeccionaron la zona y al llegar la tarde se retiraron de la barranca, sin dejar ningún tipo de resguardo para los cuerpos y demás evidencias presentes.
Al día siguiente, al volver los agentes para emprender, ahora sí, la recuperación,se encontraron con que un grupo de desconocidos le había prendido fuego a los cadáveres durante la madrugada.
