Ante las críticas de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana porque “la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos”, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció que “2017 resultó con un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”.
Las causas, apuntó el gobierno en un comunicado, son variadas.
“En mucho se explican por la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en un principio, al comercio de droga y con intereses también por la extracción ilegal de combustible, lo que comúnmente se conoce como huachicoleo”.
De la misma forma, agregó, “incide la participación en algunos casos forzada o inducida de miembros de diversas comunidades, que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga”.
Esas situaciones, apuntó el gobierno, se dan “en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal”.
En su mensaje escrito, la administración de Peña Nieto criticó que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de la Nación “no han resuelto temas fundamentales en materia de estructura orgánica de policías municipales y estatales, así como límites en la participación del fuero castrense en materia de seguridad pública”.
Para finalizar, en el comunicado enumeró una serie de detenciones y decomisos recientes, resultado de operaciones como la de Escudo Titán. Entre ellas, la de Rosalinda N., esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“El Gobierno Federal no ha sido omiso y ha tomado diversas medidas”, aseguró respecto a las críticas de los empresarios.
