La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), documentó de 2006 a 2017 un total de 329 mil 917 víctimas de desplazamiento interno forzado en México, donde hubo presencia o uso de violencia.
En tan solo 2017, se registraron 25 eventos masivos de desplazamiento que afectaron a 20 mil 390 personas. Una acción tan drástica es tomada por causas como: evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos. En otras ocasiones el desplazamiento ha sido incitado por catástrofes naturales provocadas o no por el ser humano, y que no han cruzado una frontera.
Formas de violencia que originan el desplazamiento forzado interno en 2017:
- Ataques armados en contra de la población: 10,947 personas afectadas en 8 episodios masivos de desplazamiento.
- Enfrentamientos armados: 6,335 personas afectadas en 6 episodios.
- Desalojos con violencia: 935 personas afectadas en 3 episodios.
- Temor ante la violencia: 1,247 personas en 2 episodios.
- Disputas por territorio entre grupos criminales: 276 personas en 1 episodio.
- Asesinato de defensores de la comunidad: 595 personas en 1 episodio.
De acuerdo con el informe, las causas del desplazamiento interno forzado se dividieron así: 17 episodios de grupos armados organizados; la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales en 7 ocasiones y un proyecto de desarrollo.
La organización aseveró que la población más afectada fue la indígena, pues del total de personas afectadas 12 mil 323 eran grupos originarios, representando así el 60.44 % de las víctimas que se tienen contabilizadas . “Algunos de estos episodios fueron provocados por conflictos comunitarios antiguos, de origen político y territorial, que al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron y se intensificaron volviendo a generar situaciones de violencia y, por consecuencia, desplazamientos. Fue el caso de los episodios ocurridos en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca, que desplazó a alrededor de 1,000 indígenas mixes, y en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, que desplazó a más de 5,000 indígenas tzotziles”, explicó la comisión.
Las conclusiones del documento “Desplazamiento Interno Forzado en México: informe 2017”, destacan el incremento de las víctimas de desplazamiento forzado en el país y denuncian el estado de vulnerabilidad de las víctimas, en donde notan la ausencia de protección y atención por parte de las autoridades.
“Es la obligación del Estado mexicano proteger, atender y garantizar que la sociedad mexicana viva sin miedo en sus comunidades, así como respetar los derechos humanos de las cientos de miles de víctimas de desplazamiento interno forzado en el país”, detalla el documento.